Pedro Castillo indicó a Fiscalía que le pidió a Juan Silva su renuncia, pero este se habría negado

El presidente de la República, Pedro Castillo, declaró ante el entonces fiscal de la Nación interino Pablo Sánchez, durante la primera mitad del 2022, que sí le solicitó la renuncia al exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva Villegas, quien habría optado por no acatar la solicitud del jefe de Estado y mantenerse en el cargo, al cual se vio obligado a renunciar meses después ante una inevitable censura en el Congreso.

De acuerdo a la información difundida por “Panorama”, la cual se basa en el testimonio del jefe de Estado durante el interrogatorio que sostuvo en la Fiscalía, con Pablo Sánchez a la cabeza, el mandatario sí cuestionó al entonces titular del MTC tras desatarse el escándalo por el presunto entramado de corrupción en torno al caso Puente Tarata III.

“Cuando se hace pública la información, llamo al ministro Silva a mi despacho, no recuerdo la fecha exacta; solo estuvimos los dos, le pregunto lo que había pasado sobre las denuncias periodísticas y él me contesta: ‘Voy a ver, es un proceso que se tiene que investigar’”, comento el mandatario al titular del Ministerio Público.

Según el dominical y al testimonio del jefe de Estado, Pedro Castillo le pidió —ante la falta de explicaciones de Juan Silva— su renuncia y anunció que no esperaría el resultado de las investigaciones. Esta solicitud no fue acatada por Juan Silva, quien recién el 28 de febrero de este año aceptó dejar el MTC, ante una inevitable censura del Pleno, ya que diversas bancadas ya habían anunciado su apoyo a la iniciativa.

“Informo a la ciudadanía que acepto la renuncia presentada hoy por el ministro Juan Silva, agradeciendo sus servicios prestados. Nuestro compromiso sigue vigente con el pueblo y necesitamos cumplir con los objetivos trazados por el Gobierno”, publicó en su cuenta de Twitter el mandatario en febrero.

En tanto, Juan Silva continua en calidad de prófugo de la justicia e investigado por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado. En su contra se dictó una medida de detención preliminar y tiempo después 36 meses de impedimento de salida del país. Al no ser ubicado, el exfuncionario ingresó al programa de recompensas del Ministerio del Interior. Se ofrece S/ 50.000 por información sobre su paradero.