Tribunal Constitucional declara inadmisible demanda del Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público

El Tribunal Constitucional consideró inadmisible la demanda de competencia presentada por el Gobierno de Dina Boluarte contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, en la que se cuestionaban los procesos judiciales dirigidos a presidentes en el ejercicio de sus funciones.

La demanda fue rechazada por un grosero error de los abogados del Poder Ejecutivo. De acuerdo con la normatividad legal vigente la presentación de una demanda por parte de la presidencia de la República requiere la aprobación del Consejo de Ministros.

Ahora bien, dice el TC, se advierte que la presidenta de la República, Dina Boluarte "designó al presidente del Consejo de Ministros para que presente una demanda de inconstitucionalidad, por lo cual "no existe una autorización expresa de la titular del Poder Ejecutivo para que el presidente del Consejo de Ministros interponga una demanda de competencia".

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Los magistrados del TC han concedido al Poder Ejecutivo un plazo no mayor de cinco días para que subsanen el error o la demanda será enviada al archivo de manera definitiva

Por investigación a un presidente en funciones

El 7 de agosto del 2024, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén informó que "la demanda competencial que presentó el Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, tiene por objetivo que dicho órgano defina bajo qué circunstancias un jefe de Estado puede ser acusado; y recordó que de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, esa acusación solo puede darse bajo las razones contenidas en el texto constitucional".

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"Esta demanda es pensada en los presidentes que vengan a futuro, a fin de que sus funciones constituciones no se vean mermadas ante los llamados de la Fiscalía", subrayó el jefe del Gabinete Ministerial, quien descartó que esta iniciativa pretenda hacer intocable al Ejecutivo.

Hasta el año 2022, el Poder Judicial y el Ministerio Público nunca investigaron ni procesaron a un presidente de la República en el ejercicio de sus funciones al considerar que esto está prohibido en la Constitución. Sin embargo, a partir del mandato del ex presidente Pedro Castillo se cambió la jurisprudencia y se consideró que si es posible investigar a un presidente.

Esto ha generado que actualmente, la presidenta Dina Boluarte enfrente hasta siete investigaciones por presuntos delitos de violación de derechos humanos y corrupción cometidos en el ejercicio de sus funciones, lo que la obliga a estar constantemente asistiendo a la fiscalía para brindar declaraciones indagatorias.