Absuelven a funcionarios de Proinversión y Odebrecht en caso Gasoducto del Sur

Tras 10 años de proceso, la jueza Paola Sánchez Valdivia, del 3º Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, absolvió a Claudía Hokama Kuwae y Edgar Ramírez Cadenillas, de una presunta colusión agravada a favor de la constructora brasileña Odebrecht (hoy Novonor) para favorecerla en la concesión del contrato del Gasoducto del Sur.

La sentencia absolutoria se leyó el medio día del 12 de julio, en lo que fue el primer juicio vinculado a la concesión del Gasoducto del Sur.

Este caso de presunta colusión, que investigó la fiscalía anticorrupción, era la base de la mega investigación que realiza la fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Geovana Mori al ex presidente Ollanta Humala, la ex primera dama, Nadine Heredia y diversos ex ministros por el Gasoducto del Sur.

Jorge Barata

El 10 de julio último, la fiscal Geovana Mori decidió incorporar en este segundo caso al ex superintendente de Odebrecht, Jorge Barata. La empresa brasileña siempre ha negado haber realizado pagos ilícitos a funcionarios peruanos por ese proyecto. Solo admite pagos irregulares a abogados externos.

El 25 de junio, a pedido de la fiscalía, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional evaluará un pedido de 36 meses de prisión preventiva para Jorge Barata.

Sin embargo, el exdirectivo de Odebrecht no vive en el Perú, Brasil no extradita a nacionales y con solo suposiciones difícil que otro paús, en caso Barata viaje, aceptaría detenerlo. La constructora Odebrecht no está incluida en el proceso.

Absolución

La jueza Paola Sánchez estableció que los 89 medios probatorios presentados por la fiscalía especializada en casos de corrupción no permiten determinar la existencia de una colusión, ni de un perjuicio al Estado, en la actuación de los acusados.

Edgard Ramírez Cadenillas fue presidente del Comité Pro Seguridad Energética de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y Claudia Hokama Kuwae, representante del Consorcio Gasoducto Sur Peruano.

El fiscal anticorrupción Reynaldo Abía había pedido para ellos una pena de seis y siete años de prisión, respectivamente.

Según la acusación, Hokama y Ramírez se pusieron de acuerdo para descalificar al principal competidor de Odebrecht-Engás, el Consorcio Gasoducto Peruano del Sur, integrado por la francesa GDF Suez, la americana Sempra, la argentina Techint y la colombiana TGI.

Con la descalificación, provocada por la decisión de GDF Suez de cambiar a última hora el porcentaje de su participación en el proyecto, el único consorcio que quedó en competencia fue el integrado por Odebrecht y Enagás, que se adjudicaron la concesión, el acto administrativo por el cual el Estado peruano otorga a personas jurídicas nacionales o extranjeras la ejecución y explotación de determinadas obras públicas.

La fiscalía sospechó de Hokama y Ramírez porque ambos habían trabajado juntos anteriormente o en empresas vinculadas a Odebrecht. Además, un representante del Consorcio perdedor declaró a la prensa que presentaron una oferta menor en 136 millones de dólares.

Sin embargo, durante el juicio, uno de los peritos señaló que la existencia de la menor oferta no se podía acreditar porque no existían documentos que lo confirmaran y nadie había visto esa cifra, con lo cual era imposible establecer un perjuicio económico.

En tanto, el perito de la Contraloría no pudo sustentar las conclusiones de un informe del 2015 que hablaba de un favorecimiento a Odebrecht y, al contrario, dejó en claro que la decisión de Proinversión de descalificar al consorcio competidor se sustentaba en los informes jurídicos.

En marzo del 2023, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema había resuelto el archivo definitivo de la investigación a los abogados Jorge Elías Danós Ordóñez y Ana Sofía Reyna Palacios, del estudio Echecopar, por los informes que emitieron sobre la descalificación de uno de los consorcios al proyecto del Gasoducto del Sur.

Septiembre

El plazo de la principal investigación por el Gasoducto del Sur, a cargo de la fiscal Geovana Mori, que tiene como investigados al expresidente Ollanta Humala, Nadine Heredia y ex ministros, vence en septiembre próximo, sin mayores hallazgos sobre presuntos sobornos, de acuerdo con fuentes judiciales.

Los únicos que admiten actos de corrupción en la adjudicación de la concesión del Gasoducto del Sur, son los directivos de Graña y Montero, como parte de un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía, aunque ellos se unieron al proyecto, un año después de haberse adjudicado el proyecto.

Todos los ex ministros del gobierno de Ollanta Humala niegan un favorecimiento a la constructora brasileña para que se pudiera adjudicar el proyecto para llevar el gas de Camisea a todo el sur peruano.