Acción Popular: congresista Edwin Martínez no puede acogerse a ley Soto
Lavado de activos. Fiscalía de Arequipa plantea 11 años de prisión para legislador de AP. En su periodo de alcalde no justificó la compra de tres departamentos, hoy a nombre de sus hijos.
El 6 de octubre próximo se llevará a cabo la audiencia de control de acusación en contra del congresista de Arequipa, Edwin Martínez Talavera, y otros cuatro imputados por el presunto delito de lavado de activos.
El proceso en esta etapa será conducido por el magistrado Oscar Quilluya Puma del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria. El parlamentario no podrá acogerse a la ley n.° 31751, que hace prescribir los procesos penales, la llamada ley Soto, que benefició al actual presidente del Congreso, Alejandro Soto.
Con la modificación del artículo 84 del Código Penal, se establece como plazo máximo un año de suspensión para la prescripción de un delito.
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Para Martínez, el Ministerio Público pide 11 años de prisión por un desbalance patrimonial por S/700.000. El presunto enriquecimiento habría ocurrido cuando el legislador se desempeñó como alcalde de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar.
La pena máxima por el delito de lavado es 15 años. La prescripción en su caso es de 15 años más la mitad de esa pena (7 años y medio) al tratarse de un delito complejo, además de un año de suspensión por los actos de investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Es decir, deberían pasar 23 años y medio para que pueda acogerse a esta norma.
Fuentes del Ministerio Público señalaron que el caso se investiga hace cinco años.
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“No me acojo a ley Soto”
Martínez es uno de los parlamentarios con un rosario de procesos en curso como imputado, demandado, demandante, querellado, etc. Son 32 en total, según reporte de la Fiscalía. De ellos, 15 están activos (ver infografía). Está como imputado en 13 casos fiscales por diversos delitos. Martínez señaló a este medio que desconoce cuántos procesos tiene pendientes y que solo llegan a su domicilio “documentos de archivamiento”.
El legislador negó que tenga la intención de acogerse a la ley Soto. “Quiero terminar mis procesos como se debe. Como se ha ensuciado mi nombre, también tiene que limpiarse. Mi conciencia está limpia. Lo único que espero es que los procesos sean técnicos y legales y sin subjetividades”, declaró.
Señaló que, por el caso de lavado de activos, todo su patrimonio lo realizó con base en su trabajo y que espera que el juez no admita a juicio el caso. Dijo que todas sus propiedades provienen de dinero generado desde los 17 años en que empezó a trabajar y que inclusive su primer carro lo adquirió a los 23 años. “No he cometido ningún delito”, añadió.
El parlamentario, que recientemente renunció a la bancada de Acción Popular, ejerció como alcalde de Mariano Melgar en 2015-2018. En ese periodo, no habría justificado el origen para financiar tres departamentos de entre 136 m2 a 180 m2 con estacionamiento y piscina.
Para la Fiscalía, el dinero tendría como fuente acciones ilegales y los inmuebles los colocó a nombre de sus hijos Braulio, Fiorella y Yordan Martínez Mogrovejo. “El juez va a determinar si los elementos jurídicos son motivados. Para mí, la investigación es carente de elementos legales y no creo que se acepte el requerimiento (para iniciar juicio)”, declaró.
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