Poder Judicial: situación de Vladimir Cerrón se definirá en agosto

El Poder Judicial definirá la situación legal del exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón Rojas, en el caso del Aerodrómo Wanka, recién en el mes de agosto próximo, luego de que concluyan los debates en la Corte Superior de Junín.

Desde el 5 de julio, el caso se encuentra en audiencias continuadas ante la Sala Penal de Apelaciones Transitoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Las audiencias continuarán esta y la próxima semana.

Los jueces Walter Chipana Guillén, Julio César Lagones Espinoza y Carlos Richar Carhuancho Mucha vienen escuchando los alegatos de los abogados defensores y el sustento de los cargos por parte de la Fiscalía.

En este proceso de apelación se revisa la condena de prisión efectiva impuesta a Cerrón Rojas, los funcionarios Aldrin Zárate Bernuy, Mercedes Carrión Romero, Luis Araujo Reyes y los representantes del consorcio Aeródromo Wanka, Luis García Morón, Serafín Blanco Campos y Nataly de la Vega Estrada.

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Además de la absolución del exgerente general regional Henry López y los exconsejeros Eddy Misari, Silvia Castillo y Saúl Arcos.

Todos los procesos sostienen que actuaron por mandato de los intereses del pueblo de Huancayo, que desde hace años reclama tener su propio aeropuerto, y que confiaron en los informes técnicos que consideraron que el proyecto era viable.

Asimismo, se amparan en que el proyecto no prosperó por la oposición de los ministerios de Transportes y Comunicaciones y de Economía y Finanzas, que consideraron que en la zona existe el aeropuerto de Jauja, que cubre las necesidades de la región.

La Fiscalía busca que se confirme la sentencia condenatoria de cuatro años de prisión y que esta incluya a los funcionarios absueltos.

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Los peritajes decidirán

La Fiscalía sostiene que el fallido proyecto del aeródromo Wanka generó un gasto al Estado, ante la posibilidad de que el consorcio ganador reclame un retribución por su cancelación.

Por su parte, la defensa sostiene que se trató de una iniciativa privada, por lo que la ley dice que los gastos corren a cuenta de la empresa que presenta la iniciativa, conforme a los peritajes.