Pedro Castillo: PJ rechazó tutela de derecho que buscaba anular denuncia de fiscal de la Nación

El Poder Judicial declaró improcedente la tutela de derecho que presentó el presidente de la República, Pedro Castillo, la misma que buscaba anular la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su contra.

El juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, resolvió el recurso interpuesto por el jefe de Estado.

“Declarar improcedente la solicitud de tutela de derechos presentada por la defensa técnica del señor José Pedro Castillo Castillo Terrones, interpuesta en la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en el marco de una organización criminal”, precisó la resolución.

El magistrado señaló que la presentación de una denuncia constitucional es “una atribución que le ha sido conferida” a la Fiscalía y agregó que la evaluación y calificación de esta corresponde al Congreso.

Por consiguiente, el juez Juan Carlos Checkley sostuvo que no está dentro de sus atribuciones declarar la nulidad o dejar sin efecto esta medio.

“La evaluación de las denuncias constitucionales corresponde, por atribución propia, al Congreso de la República. (...) La formulación de una denuncia constitucional por parte de la Fiscalía de la Nación constituye el ejercicio de una atribución que le ha sido conferida y, asimismo, la calificación de la respectiva denuncia constitucional presentada ante el Congreso da lugar a una evaluación en sede parlamentaria, que le es exclusiva y excluyente”, precisó otra parte de la resolución emitida este 7 de noviembre.

En otro momento, Checkley Soria señaló que la defensa del mandatario centra su alegación en que la denuncia formulada por la Fiscalía “contraviene la decisión o mandato judicial”.

No obstante, precisó que la resolución N.º 4, expedida por su despacho el 22 de junio de 2022, no contiene un mandato prohibitivo que ordene al Ministerio Público se abstenga de formular denuncia constitucional.