El desmoronamiento de la casa de Sarratea, ubicada en Breña, como centro de reuniones de algunos de los presuntos integrantes de la organización criminal denominada como “Asesores en la sombra” dejó algo incómodo al exasesor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Salatiel Marrufo, quien para seguir manteniendo sus encuentros extraoficiales —sin dejar un registro de con quienes conversaba— habría montado un búnker muy cerca del ministerio que dirigía Geiner Alvarado.
Según un reportaje de Cuarto Poder, Salatiel Marrufo alquiló una habitación en el hotel El Marqués de San Isidro, el cual se encuentra ubicado a minutos de la sede del Ministerio de Vivienda. La finalidad habría sido reunirse con congresistas, empresarios, proveedores del Estado, una comitiva de empresarios chinos, entre otros visitantes, en las instalaciones de este edificio.
El entonces funcionario, quien acompañó al ministro Geiner Alvarado durante su gestión entre agosto del 2021 y agosto del 2022, habría utilizado las instalaciones del hotel para realizar reuniones evadiendo el registro oficial de visitas del Ministerio de Vivienda. En su lugar, prefería conversar en el hall del hotel, la cafetería y en la sala de reuniones ubicada en el sótano, en total privacidad y confidencialidad.
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Las reuniones eran organizadas por Marrufo en el hotel El Marqués a muy tempranas horas de la mañana, antes de su horario laboral oficial en el Ministerio de Vivienda, y después de su horario oficial de oficina, por las tardes y por las noches.
Según reveló Cuarto Poder, en una de estas reuniones se trató el tema de una licitación en Sedapal, luego que Salatiel Marrufo pasara a formar parte del directorio de la empresa estatal. Con él presente en el directorio se otorgó la cuestionada buena pro de S/102 millones a la empresa Parasol para unos trabajos en Huachipa. Contrato que tuvo que ser suspendido. Parasol es la misma que obtuvo una obra para construir una carretera en Anguía.
Actualmente, Salatiel Marrufo es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Se le sindica como parte de los “Asesores en la sombra”, la cual habría estado liderada por el mismo presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Ante ello, el Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva en su contra y contra otros 2 implicados: Abel Cabrera y Biberto Castillo.