Gabinete en la sombra: dictan 30 meses de prisión preventiva a Salatiel Marrufo, Abel Cabrera y Biberto Castillo

Resolución. Este martes 25 de octubre, el Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva contra Salatiel Marrufo Alcántara, Abel Cabrera Fernández y Biberto Castillo León, implicados en el caso Gabinete en la sombra.

Fue el juez Víctor Zuñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien calificó de “necesaria” esta medida para los tres imputados debido a “la gravedad de la pena y por los graves elementos de convicción y por la naturaleza del delito”.

“Existen fundados y graves elementos de convicción para organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada (para Salatiel Marrufo y Abel Cabrera) y para Biberto Castillo el tráfico de influencias y organización criminal”, señaló el magistrado.

Asimismo, mencionó que la prisión preventiva en este caso es necesaria ya que entre ellos, hay dos que estaban desempeñándose como altos funcionarios del Estado.

“No solo se persigue la investigación, sino que también la etapa intermedia. Existen fundados elementos de convicción. No existe arraigo laboral y hay supuesta pertenencia a organización criminal, hacen esta medida necesaria”, aseveró.

En ese sentido, Víctor Zúñiga aclaró que no procede la medida de una comparecencia con restricciones debido al peligro del proceso fiscal. “Es proporcional el sentido estricto porque la defensa busca la libertad de los vulnerados frente a la eficacia que pretende el Ministerio Público”, dijo.

Poder Judicial no consideró plazo de 36 meses de la Fiscalía

Por otro lado, sobre el plazo de 36 meses solicitado por la Fiscalía, el juez informó que si bien se trata de una organización criminal, el plazo que estima la sala es de 30 meses “por los fundamentos expuestos concurriendo el pedido de prisión preventiva”.

Según la tesis fiscal, los investigados pertenecerían a la presunta organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo.

El denominado Gabinete en la Sombra habría planeado el direccionamiento de 34 proyectos de obras públicas para ser incluidas en el decreto de urgencia n.º 102-2021-VIVIENDA (del 29 de octubre del 2021) lo que generó un perjuicio económico de S/ 130 millones en agravio del Estado.