Fiscalía pide ampliar prisión preventiva contra el gobernador de Puno, Agustín Luque

El fiscal anticorrupción William Otazú Pinto solicitó ante el Poder Judicial la prolongación de la prisión preventiva contra el gobernador de Puno, Agustín Luque Chayña, y Jhon Martínez Molina, exjefe de Asesoría Jurídica del Gobierno regional.

Ambos procesados, actualmente, cumplen nueve meses de prisión preventiva, que concluye este 27 de julio. La nueva solicitud del representante del Ministerio Público es que ambos continúen presos por otros nueve meses más. El empresario chino Chen Junkun Con también debería estar en prisión, pero sigue prófugo.

Según el Ministerio Público, los tres se coludieron para no cobrar al Consorcio Hospitalario el monto de S/ 504.727 por concepto de penalidades. Agustín Luque pasó por alto a la Procuraduría del Gobierno Regional de Puno.

En vez de que los representantes de esta unidad intervengan para defender los intereses del Estado, Luque optó por delegar funciones a su jefe de Asesoría Jurídica, Jonh Martínez. Previamente, la autoridad regional dejó sin efecto la Directiva 003-2021-GRP, dispositivo que regula el procedimiento interno que debe seguir el Gobierno regional cuando es invitado a conciliar. Para el Ministerio Púbico, se designó a un funcionario a la medida de los intereses de la empresa. Una reciente pericia determinó que hay perjuicio en desmedro del Estado por la transacción encaminada por Martínez.

Nuevos argumentos

Cuatro son los fundamentos en los que está fundamentado el requerimiento del fiscal William Otazú. El primero es que, en el curso de la investigación, se presentaron una serie de dificultades que hacen necesaria la prolongación de la investigación. Se requiere que los equipos de cómputo, USB y celulares incautados a Agustín Luque pasen por pericia digital forense, cuyos especialistas solo están en Lima.

Existe un documento firmado que acreditaría que hubo un pacto entre Chen Junkun Con y Agustín Luque para sacar adelante la licitación del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. El desarrollo de la pericia oficial no se concretó por falta de personal y obstrucción del propio Luque. Estos aspectos presentan dificultades que salen de la esfera del Ministerio Público.

Como segundo punto se encuentra el peligro de fuga de los detenidos en razón de que serían sentenciados en un posible juicio. La situación se agrava si se tiene en cuenta que en cinco meses ya no tendrá cargo público que ejercer debido a que concluye la gestión en el Gobierno regional.

Un tercer factor es que los procesados obstaculizaron el desarrollo de la investigación. Según el requerimiento fiscal, Agustín Luque obstaculizó la acción de la Justicia porque hasta la fecha no entrega el patrón de los celulares que se le incautaron para que sean sometidas a pericia digital. Otro detalle es que quebró una diligencia programada para que se le tomen las huellas dactilares. Jhon Martínez se negó a firmar un acta indagatoria.

Finalmente, William Otazú alegó que sí es factible la ampliación de la prisión preventiva porque el caso es complejo. El caso está en manos del juez Javier Apasi Pacho y la audiencia se reprogramó para el 3 de agosto.