Lambayeque: caso de corrupción en la SBCH concluye con más de 10 personas investigadas
Fiscalía formulará acusación contra exfuncionarios de la Beneficencia de Chiclayo por direccionar compra de terreno a empresario. Se le imputa el delito de colusión.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque dio por concluida la investigación de uno de los casos más emblemáticos de corrupción que involucra a exfuncionarios de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo (SBCH).
La investigación está a cargo del magistrado anticorrupción Daniel Gerardo Flores Aguinaga en la carpeta fiscal n.° 201-2019. Los hechos indagados se comprenden en el marco del delito de colusión agravada.
En la disposición fiscal n.° 13, el fiscal precisa que acusará o archivará la pesquisa en contra de los investigados.
Una vez se cuente con el documento del Ministerio Público, el Poder Judicial deberá convocar a una audiencia de control de la acusación para evaluar cada uno de los elementos que pudo recolectar el fiscal y determinar si es que la acusación es tan sólida como para ingresar a la etapa de juicio oral.
Investigados
El caso tiene como imputados a María Rosario Verástegui León (expresidenta del directorio) y de los exmiembros del directorio, María Reynoso de Vargas, María Rosa Vásquez Pérez, Carlos Uriarte Núñez y Franklin Marín Gonzáles Salazar.
También figuran Martha Chávez Alarcón, Juan José Ferroñán Viera, Martha Pita Mundaca, Felipe Llerena Gómez, Elena Barrueto Horna, José Manuel Niquén García y Massimiliano Mizzi.
Para ellos, el 16 de septiembre de 2021, el Poder Judicial ordenó detención preliminar para los investigados a mérito de una solicitud del Ministerio Público. Massimiliano Mizzi y María Verástegue León se encontraban no habidos.
El Ministerio Público postula que los investigados habrían concertado con Massimiliano Mizzi la adquisición de un terreno para otro cementerio de la SBCH, para lo cual se gastó 1 193 760 de dólares americanos.
En este contexto, los exfuncionarios de la SBCH direccionaron la adquisición a favor del empresario y vulneraron la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley de Cementerios.
En esto último, se descubrió que dicho terreno no era apto, además, la institución terminó pagando por encima del valor real.