Caso peajes: Reparación civil de Lima Expresa se definirá el 19 de julio

El juicio abierto contra la concesionaria Línea Amarilla (hoy Lima Expresa) por el cobro irregular de peajes en Lima Metropolitana desde el 2013 está a punto de llegar a su fin, ya que el próximo martes 19 de julio el Segundo Juzgado Unipersonal Anticorrupción definirá que cantidad de dinero debe pagar la empresa por los daños ocasionados al Estado peruano.

Según pudo conocer La República, esta fecha fue fijada en las últimas semanas por el juez que revisa el proceso: Raúl Caballero Laura.

Después de casi un año (pues el juicio comenzó en agosto de 2021, aproximadamente) se establecerá un monto claro de indemnización que pagará eventualmente la concesionaria junto a otro exfuncionario condenado de la gestión de Susana Villarán en la Municipalidad Metropolitana de Lima, Domingo Arzubialde.

La procuradura ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, pidió al inicio de este proceso que Lima Expresa pague S/17 millones de reparación civil, sin embargo, con el paso de los meses recalculó el monto final a S/104 millones, que abarcan S/52 millones por daño extra patrimonial y S/52 por daño patrimonial ocasionado a los usuarios de los peajes así como a las instituciones del Estado.

Las autoridades sostienen que Lima Expresa (antes LAMSAC) se benefició de sucesivos aumentos ilegales en la tarifa de los peajes. El consorcio pidió en varias oportunidades detener este proceso por considerar que el Tribunal Arbitral de Paría ya se había pronunciado sobre el tema, pero este argumento fue desestimado por el juez Caballero Laura a fines de 2021.

Condena previa

El caso específico tiene como antecedente inmediato una condena de doble instancia dictada contra Domingo Arzubialde Elorrieta, exgerente de Promoción e Inversión Privada cuando Susana Villarán encabezaba la alcaldía de Lima Metropolitana.

En mayo de 2019, este exfuncionario fue condenado en doble instancia a 4 años y cuatro meses de prisión luego de que se le encontrara culpable de haber aplicado una fórmula ilegal al variar el IPC (Índice de Precios al Consumidor) en 2013, distinta a la fijada por el contrato de concesión firmado con Lamsac en 2009.

Ello tuvo como efecto inmediato que el consorcio Línea Amarilla (integrada entonces por la brasileña OAS) obtener ganancias fuera de lo establecido y con el dinero de miles de usuarios.

No obstante, tras esta condena faltó determinar la reparación civil que debía pagar Arzubialde. Se reservó entonces este juicio oral para revisar estrictamente cuánto debían pagar la concesionaria y Arzubialde a favor del Estado por los daños ocasionados.

Es este proceso el que está por llegar a su fin con la determinación de un monto que ambos, Lima Expresa y Arzubialde, deberán pagar al Perú.