Dina Boluarte: lentitud en investigación fiscal por crímenes en las protestas

Este miércoles vencía el plazo extraordinario ampliado de la investigación fiscal abierta contra Dina Boluarte por los crímenes cometidos en las protestas sociales. Patricia Benavides acaba de emitir una disposición para extender las diligencias por ocho meses adicionales. El contenido de este documento deja en entredicho la real voluntad de la fiscal de la Nación para conocer toda la verdad y llegar a establecer las responsabilidades.

La disposición fiscal consta de 48 páginas. Del contenido se desprende que aún falta tomar los testimonios de 330 personas, entre familiares de las víctimas, heridos, personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, además de funcionarios, principalmente del Ejecutivo.

Diligencias pendientes

Más en detalle, la fiscal Patricia Benavides está programando para los siguientes meses la toma de los testimonios de 27 familiares de los asesinados durante las protestas.

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Asimismo, aún deben declarar 241 heridos, todos ellos mencionados con sus respectivas identidades en la disposición fiscal. El documento detalla que solo se han tomado las manifestaciones de 10 heridos y se cuenta con otros 110 testimonios recogidos en las carpetas abiertas por cada región, por parte del equipo especial creado para investigar estos hechos.

También está pendiente que concurran al Ministerio Público 34 personas de las instituciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.

A esto se suma una lista de 27 funcionarios y servidores públicos, principalmente vinculados con el Poder Ejecutivo, que también deben apersonarse para ofrecer sus manifestaciones.

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Adicionalmente, se ha programado una ampliación del testimonio de Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien declaró que la mandataria Dina Boluarte sí tenía conocimiento de las acciones militares durante las protestas.

Son, entonces, 330 testimonios programados para este nuevo periodo ampliatorio. Una cifra muy alta que pone en evidencia la lentitud fiscal.

Decisiones preocupantes

Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), da cuenta, además, de otros hechos relevantes que dejan serias dudas sobre el desempeño de la fiscal Patricia Benavides.

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Las investigaciones abiertas por los fiscales del nuevo equipo especial contemplan la tipificación de los presuntos delitos, en el marco de violaciones a los derechos humanos.

La fiscal Patricia Benavides, en cambio, investiga a Dina Boluarte por genocidio y homicidio calificado, pero no ha incluido el contexto de la violación a los derechos humanos en la resolución. Esta omisión puede ser determinante para la eventual prescripción de los delitos cometidos, según explica el abogado de IDL.

Otro aspecto de preocupación, apunta Juan José Quispe, es que, a diferencia del equipo especial, Benavides no ha declarado el caso complejo. “Esto implica que no se podrá extender la investigación más allá de los ocho meses para las diligencias preliminares”, alertó.

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El abogado, además, reporta otras deficiencias del Ministerio Público, como el hecho de no haber tomado conocimiento de los audios o actas de las reuniones del Consejo de Ministros cuando ocurrían los crímenes en diciembre y enero pasados.

“Se han perdido 10 meses —comenta—. La investigación ha sido demasiado lenta. No ha habido voluntad de investigar. Si ya se tiene versiones que establecen que la señora Boluarte sabía de los hechos, ya se debió establecer la cadena de mando. Desde mi perspectiva, está clara la comisión del delito por omisión. Ella debió evitar los crímenes. No lo hizo”.

El sur

Puno. Desde Juliaca, Raúl Samillán, hermano de Marco Samillán, asesinado en enero, contó que su familia recién declaró la semana pasada. “Pedimos a la fiscal (Benavides) que no proteja a la señora Boluarte. Al dilatar el tiempo, causa más daño a los familiares dolientes”, expresó.

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