Primer ministro vuelve a culpar a extremistas por muertes durante las protestas

En su presentación ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sostuvo que los sucesos de violencia y muerte que ocurrieron en diciembre de 2022 y a inicios de este año fueron promovidos por grupos extremistas.

El premier reafirmó, pese a que no hay ningún detenido por las más de 70 muertes durante las protestas, el compromiso del Estado peruano de implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluyendo la investigación de hechos “que resultaron en la muerte de decenas de personas en escenarios de violencia generalizada promovida por grupos extremistas” y aseguró “que no habrá impunidad para los responsables de esos actos”.

La sesión extraordinaria se realizó a pedido del Ejecutivo peruano, antes que se debata el próximo 10 de noviembre, en sesión de la CIDH, si nuestro país cumplió o no con las recomendaciones que se le dieron luego de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, que costó la vida de más de 60 personas. En esta cita se verificará si se avanzó lo formulado en el informe Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de protestas sociales.

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En dicho documento, entre otros puntos, la CIDH señaló que existieron violaciones de derechos humanos de parte de los efectivos militares y policiales en el marco de las protestas que tuvieron lugar tras el intento de golpe de Castillo.

Almagro y la democracia

Luego de la exposición de Otárola, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, mostró su apoyo a la independencia de las instituciones democráticas y, por ello, dijo que “compartía la necesidad de la independencia de la Junta Nacional de Justicia, de ONPE y de la Fiscalía Anticorrupción; y la OEA definitivamente seguirá con Perú haciendo seguimiento y espera, en ese sentido, aceptar una invitación para visitar el país”.

Pide archivar demandas

También, el premier Otárola solicitó a la CIDH no admitir a trámite peticiones realizadas por sentenciados por terrorismo. Afirmó que “todos los criminales que cometieron acciones terroristas cumplen justas condenas, tras ser causantes de la historia más sangrienta y responsables de múltiples y sistemáticas violaciones de derechos humanos” y consideró que los casos de posibles beneficios a terroristas reviven heridas que no terminan de sanar en la sociedad peruana. Por tal motivo, pidió se archive de manera sumaria las demandas de transgresión de derechos humanos contra el Estado peruano presentadas por terroristas, evocando casos como el de Víctor Polay Campos y Eleuterio Flores, alias Camarada Artemio.

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Otárola explicó que Pedro Castillo “está preso por dos razones incuestionables”. Por haber dado un golpe de Estado y “por serias acusaciones de corrupción de su gabinete, de su entorno y de él mismo”.

El dato

Presentes. La sesión efectuada en Washington contó con la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro. El jefe de la PCM, Alberto Otárola, fue acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi; de Justicia, Eduardo Arana; y de Cultura, Leslie Urteaga.