Contraloría pide al TC rechazar demanda de inconstitucionalidad que le impide sancionar a funcionarios

La Contraloría General de la República, mediante un comunicado, indicó que si el Tribunal Constitucional (TC) aprobara la demanda de inconstitucionalidad contra la ley N° 31288, la cual presentaron autoridades del Ejecutivo el 26 de julio del año 2021 y cuya norma permite sancionar a funcionarios con vínculos de corrupción, representaría “un retroceso” porque “mandaría al archivo” el trabajo realizado por el mencionado ente de control.

Además, según indica la Contraloría, si el TC emitiera una sentencia a favor de la demanda de inconstitucionalidad, “implicaría no solo dejar sin sanción administrativa a los casos de corrupción e inconducta funcional detectados”, sino también que las resoluciones de archivamiento podrían ser empleadas por los funcionarios para que la Justicia los anule y así sus procesos generarían una suerte de “impunidad”.

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En tanto, el órgano de control gubernamental continúa advirtiendo que casos muy cuestionados que han causado un perjuicio al Estado, tales como el “favorecimiento a empresas constructoras por parte de 26 funcionarios del Fondo Mivivienda (Marka Group)”, las irregularidades en “la adjudicación del Puente Tarata en la región San Martín” o “los hechos denunciados en la adjudicación para la compra de biodiésel por parte de exfuncionarios de Petroperú”, serían solo algunos de los innumerables sucesos que resultarían a favor si la demanda de inconstitucionalidad se concreta.

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¿Cuándo será el día que el TC resolverá la demanda de inconstitucionalidad contra la ley N° 31288?

De acuerdo con el comunicado, el Tribunal Constitucional analizará la propuesta este jueves 24 de agosto.

Finalmente, la Contraloría instó al TC a no dar cabida a que se establezca la “impunidad”, ya que este sería “el objetivo primordial de la corrupción”.

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“La pretensión de la inconstitucionalidad favorece a los malos funcionarios y servidores públicos, socavando la legitimidad del Estado, generando un mayor daño social, económico y desconfianza en la ciudadanía”, señalan en el comunicado.