Congreso archivó denuncia constitucional contra Roberto Vieira por presunto tráfico de influencias

El Congreso mandó al archivo la denuncia constitucional contra el excongresista Roberto Vieira por presunto tráfico de influencias, tras un pedido de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), María Acuña (Alianza Para el Progreso).

El argumento de la congresista María Acuña fue que el plazo de antejuicio político contra el exlegislador Vieira había vencido el 30 de setiembre de este año.

Como se sabe, los altos funcionarios tienen esta prerrogativa constitucional hasta cinco años después de haber dejado el cargo. En ese periodo, las acusaciones constitucionales que pesen en su contra son evaluadas por el Congreso para determinar qué infracciones a la Carta Magna se cometieron y presuntos delitos.

En el caso de Vieira, su periodo como congresista culminó el 30 de setiembre del 2019 - día en que Martín Vizcarra disolvió el Congreso - y los cinco años fueron cumplidos el último lunes.

El caso de Vieira giró sobre dos denuncias constitucionales acumuladas. La primera había sido presentada en marzo del 2019, tras un reportaje de Panorama, por el excongresista del Nuevo Perú, Richard Arce, por infracciones de artículos de la Constitución y presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

La segunda fue presentada el 3 de junio del 2019 por la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por presunto tráfico de influencias en agravio del Estado.

"La fiscal de la Nación formuló denuncia constitucional contra el congresista Roberto Vieira, quien habría pedido US$ 15 mil a cambio de levantar una sanción impuesta por el Ministerio de Producción a una embarcación pesquera vinculada a su primo", dice el tuit del Ministerio Público del 3 de junio del 2019.

Había dos procesos contra el exparlamentario, en caso de las infracciones a la Constitución era un juicio político, y sobre los presuntos delitos señalados, era antejuicio político.

El oficio de la congresista María Acuña recuerda que el informe final de estas dos denuncias constitucionales fue aprobado el 27 de mayo del 2022 en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ese día esta comisión aprobó acusarlo por presunto tráfico de influencias y rechazó hacerlo por patrocinio e infracciones constitucionales.

El 18 de julio de este año la Comisión Permanente aprobó el informe y el 18 de setiembre el caso fue agendado para discutirse en el Pleno del Congreso, pero ese día no hubo votación. La congresista Acuña señala que el debate "no se llevó a cabo por inasistencia del investigado Roberto Vieira".

Ahora, agregó la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, "corresponde al Ministerio Público ejercitar la acción penal".