Congreso: Subcomisión declaró procedente denuncia constitucional contra Roberto Vieira
El exparlamentario fue acusado de forma constitucional por presuntamente haber pedido 25.000 dólares a su familiar a cambio de levantar una sanción del Ministerio de la Producción.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó este lunes, por unanimidad, declarar procedente la denuncia en contra del excongresista Roberto Viera por presuntamente haber solicitado 25.000 dólares a su primo hermano a cambio de intervenir a su favor en el Ministerio de la Producción a fin de que le levanten una sanción a su embarcación pesquera.
Fueron once votos los que se emitieron en el grupo de trabajo que preside el parlamentario Luis Roel, de Acción Popular, sobre el informe de calificación que declaraba procedente la acusación en contra de Vieira, que, vale precisar, era una acumulación de dos denuncias en su contra: una del exlegislador Richard Arce, entonces vocero de la bancada de Nuevo Perú; y la otra de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
En el mencionado documento también se le imputó al exparlamentario los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
“Según se aprecia en el primer párrafo de la página tres de la denuncia constitucional 328 (presentada por Ávalos), el 4 de febrero del 2019, el Ministerio de la Producción emitió la Resolución Directoral N° 133-2019-PRODUCE/DGPCHDI, a través de la cual se dispuso una sanción de caducidad al permiso de pesca otorgado a la embarcación pesquera denominada “Ponce II”, la cual le pertenecía al señor Guillermo Wenceslao Venegas Vieira, quien sería primo del excongresista de la República, Roberto Gamaniel Vieira Venegas, quién, para exceptuarlo de dicha sanción, aparentemente habría pedido 25.000 dólares”, se lee en el referido informe.
Cabe mencionar que, por este mismo caso, en 2019, la Comisión de Ética recomendó suspenderlo por 120 días de sus funciones parlamentarias, sugerencia que fue aprobada por el Pleno. Sin embargo, Roberto Vieira no regresó a sus labores debido a que el presidente de la República, Martín Vizcarra, disolvió el Parlamento el 30 de setiembre del 2019.
En aquella oportunidad, en su defensa, el exlegislador manifestó que el dinero solicitado no era para él sino para “contratar a un abogado”.
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