Tras la composición de la nueva mesa directiva del Congreso, compartida ahora entre Fuerza Popular y Perú Libre, y con Alejandro Soto de Alianza Para el Progreso (APP) en la presidencia, la alianza del fujicerronismo y sus satélites avanza a paso firme en el copamiento institucional; una réplica nefasta, con sus matices, de lo ocurrido en los años 90.
Si bien la moción para investigar de manera sumaria a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene como autora a Patricia Chirinos, en el Congreso son claves las negociaciones internas para concretar su aprobación. Chirinos no opera sola.
Ella presentó su moción en la tarde del 24 de agosto. Alejandro Soto, un personaje manejable para César Acuña y, sobre todo, para el hijo Richard Acuña, convocó a Consejo Directivo del Congreso y así colocaron el pedido de Chirinos en la agenda del Pleno el 4 de setiembre.
De manera célere, el jueves 7 de setiembre la propuesta de Chirinos ya era aprobada en el Pleno, con el voto disciplinado del fujimorismo (21 votos) y el respaldo mayoritario de Perú Libre (9 votos) y APP (7 votos), junto con sus satélites que sumaron 78 votos a favor.
En la interna de Perú Libre, personas del entorno de Vladimir Cerrón ya han hecho conocer sobre la intención que tiene el dueño del partido de tener su cuota de participación, a través de alguien cercano, en la JNJ. Para tal fin, cuenta con su exabogado y ahora defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.
Y es que una eventual destitución sumaria de los miembros de la JNJ conllevaría a activar la comisión especial para una nueva elección y este grupo tendría como presidente nada menos que al hoy defensor Josué Gutiérrez.
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De hecho, este funcionario ya ha hecho notar su poco interés por la meritocracia al relajar los requisitos para los altos cargos de la entidad defensorial. Y eso no es todo.
Ocurre que el nuevo secretario general de la Defensoría, Juan Carlos Gonzales Hidalgo, es reconocido en la tienda de APP porque tuvo importantes cargos en el partido. No solo eso: es el esposo de una sobrina directa de César Acuña. El copamiento en la entidad defensorial avanza viento en popa.
Pero volviendo al rol de Josué Gutiérrez en la designación de la nueva JNJ, la amenaza es mayor. Ernesto de la Jara, especialista en el estudio del sistema de justicia y la lucha contra la corrupción, advierte que está en juego todo el sistema de justicia.
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“Algo sobre lo cual no se ha reparado claramente es que la JNJ, indirectamente, elige al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal de la Nación, porque ellos son elegidos entre los vocales supremos que la JNJ nombra”, explica.
De la Jara apunta también que la JNJ ya nombró a nuevas autoridades de control disciplinario en la Fiscalía y el Poder Judicial. Pero una nueva JNJ controlada por el poder político puede removerlos.
Por esta razón, Ernesto de la Jara considera muy peligroso el proceso iniciado en el Congreso contra la JNJ, pues se asemeja no solo a la destitución de magistrados del Tribunal Constitucional en los años 90, sino también a lo ocurrido con el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
“Muchos no recordarán, pero en los 90 se había creado el CNM y tenía muy buena gente. Pero Alberto Fujimori le fue quitando atribuciones. Entre otras cosas, crearon una instancia previa para destituir a los jueces y el CNM se convirtió en una segunda instancia; entonces, los siete miembros del CNM renunciaron”, recuerda.
Desde el punto de vista de Ernesto de la Jara, la alianza del fujicerronismo y el intento de control de la JNJ tienen como factor común la búsqueda de impunidad: “Estas alianzas demuestran que lo que está en juego no son ideas, convicciones; ni siquiera se puede hablar de extrema derecha y extrema izquierda. Aquí lo que hay son intereses ilícitos, como ocurrió en los 90”.
La politóloga Paula Távara comparte esta mirada. “Hay un interés que comparten y tiene que ver con el control de la justicia y así garantizarse para sí mecanismos de impunidad frente a acusaciones”, reflexiona.
Este pacto, sostiene, alcanza también a las otras tiendas políticas que se suman al proceso de captura de la JNJ. “El tema de la justicia es transversal en todos los partidos políticos; difícil que no estén afrontando este tipo de situaciones”, plantea.
Jorge Spelucín, quien era secretario regional de Perú Libre en Cajamarca y fue expulsado por oponerse a la alianza con Fuerza Popular, advierte que la alianza entre ambos grupos políticos tiene como único propósito blindar a Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón frente a la justicia, por los procesos que enfrentan. “Hemos pasado del fujimontesinismo al fujicerronismo”, apunta.
De la Jara agrega en este juego a la mandataria Dina Boluarte, quien debe rendir cuentas ante la justicia por los crímenes de las fuerzas del orden durante las protestas sociales. Y también incluye a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides: “Se parece mucho a Blanca Nélida Colán”.
Respuesta. La ciudadanía vuelve a movilizarse en defensa del sistema democrático. Foto: difusión
Pero la captura de la JNJ no tendría como única consecuencia el control del sistema judicial. También está en juego la autonomía de los entes electorales.
Para Ernesto de la Jara, el fujimorismo y el cerronismo buscan controlar los entes electores, pues eso les permitiría mantenerse en el poder. “Esos dos sectores, más sus aliados, tienen rabo de paja. Los une la búsqueda de impunidad. Para eso quieren controlar las instituciones y también tienen que controlar el poder, porque, si salen del poder, van a tener que responder”, explica.
El especialista recuerda que la JNJ tiene también bajo su responsabilidad designar al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), entes que han estado bajo el asedio del Congreso.
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No solo eso. El fujicerronismo y sus satélites, ante una eventual captura de la JNJ, pueden tener incidencia en la designación del nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); en tanto, este cargo se define entre los vocales supremos nombrados por la JNJ.
Paula Távara identifica otras amenazas para el sistema electoral: “Controlar los órganos del sistema electoral implica la posibilidad de poder controlar los resultados y también la permanencia de la inscripción de un partido. Los órganos electorales también pueden bloquear la inscripción de quienes quieran entrar al sistema”.
“Hay un punto en común entre lo que era el fujimontesinismo y lo que es el fujicerronismo —reflexiona, finalmente, Ernesto de la Jara—. Y es que se avanza claramente hacia un régimen autoritario que pasa por controlar el sistema de justicia y al electoral”.
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Como en los años 90, la mayoría de los grandes medios de comunicación han optado por el silencio, frente a los ataques contra las instituciones democráticas.
Zuliana Laines, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), apunta que ese silencio puede obedecer a un alineamiento de intereses, lo que los lleva a evitar coberturas de hechos como la marcha del último sábado.
La representante de la ANP recalca que son varios los frentes de amenaza “y sin libertad de prensa no hay democracia”.
Solamente entre el 7 de diciembre y el 31 de julio de este año, ellos han registrado 207 ataques contra el periodismo, y más de 100 son por las fuerzas del orden. Y no hay sanciones.
Paula Távara, politóloga
“Hay un interés que comparten (FP y PL) y tiene que ver con el control de la justicia y así garantizarse mecanismos de impunidad frente a acusaciones de corrupción que tienen o pueden llegar a tener”.
Ernesto de la Jara, catedrático de la PUCP
“Esos dos sectores, más sus aliados, tienen rabo de paja. Los une la búsqueda de impunidad. Para eso quieren controlar las instituciones y el poder, porque, si salen del poder, van a tener que responder”.
Zuliana Laines, Sec. general de la ANP
“Tengo la percepción de que hay un alineamiento de intereses claro en los grandes medios, y eso explica los silencios frente a lo que viene ocurriendo. Eso hace daño. Hay silencios estruendosos”.
Jorge Spelucín, exdirigente de Perú Libre
“Hemos pasado del fujimontesinismo de los 90, que protegía al dictador, al fujicerronismo, que protege a Keiko Fujimori y a Vladimir Cerrón, y que también avala el régimen de Dina Boluarte”.