La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología votará hoy el predictamen que recomienda no aprobar el proyecto de ley 3518/2022, el cual modifica las normas que protegen a los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
El documento a debatir sostiene que la propuesta legislativa, presentada por el fujimorismo, significa un grave retroceso en la protección del Estado a los pueblos indígenas en aislamiento. Indica, además, que vulnera normas constitucionales y obligaciones internacionales del Perú.
Precisa que el traslado de las competencias del Ministerio de Cultura a los Gobiernos regionales para que revisen o autoricen la creación de reservas indígenas es una peligrosa amenaza para los PIACI, ya que los Gobiernos regionales tienen facultades incompatibles, como es la autorización forestal.
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La Comisión de Pueblos Andinos recogió opiniones de sectores especializados a nivel público y privado, quienes, de acuerdo a su especialidad, han sostenido que el PL 3518/2022 es inviable por las competencias afectadas y por el fondo del asunto.
Así, el Ministerio de Cultura señaló que dicho proyecto afecta sus funciones como ente rector en la protección de derechos de los PIACI, e implica un retroceso del Estado en la garantía de esos derechos al desnaturalizar los procedimientos para el reconocimiento y categorización de reservas indígenas.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo mencionó que constituye una medida regresiva al transferir facultades del Ministerio de Cultura a los Gobiernos regionales sin considerar su rectoría y especialización en la materia. Anotó que, además de revisar sin criterio técnico las reservas indígenas ya creadas, se excluye la participación de organizaciones indígenas en la Comisión Multisectorial creada por la Ley 28736. Asimismo, advirtió que su aprobación representaría una grave contravención a las obligaciones estatales de protección de los derechos humanos y acarrearía una responsabilidad estatal internacional.
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La Comisión de Pueblos Andinos también tomó en cuenta la opinión de organizaciones indígenas y de la sociedad civil, quienes objetaron el proyecto de ley fujimorista.
La vicepresidenta de esta comisión, Ruth Luque, espera “que haya los votos necesarios para aprobar este predictamen, porque no corresponde aprobar iniciativas que amenacen los derechos de las poblaciones indígenas”.
Informe. IDL señala aspectos jurídicos y alerta de que los Gobiernos regionales son vulnerables a la corrupción y presión de lobbies de madereros. No serían independientes ni objetivos.