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Política

Katy Ugarte propone PL para incluir en la Constitución el derecho a la protesta pacífica

En medio de los cuestionamientos internacionales sobre manifestaciones en el país, la congresista no agrupada presentó el Proyecto de Ley 5093 y recalcó que “la protesta pacífica no es un delito”. 

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Katy Ugarte considera que la protesta pacífica "no es un delito". Foto: Gerardo Marín/La República

Los esfuerzos del Poder Judicial para solucionar lo que emitió la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema no fue suficiente para la congresista no agrupada Katy Ugarte, quien el último 18 de mayo presentó el Proyecto de Ley 5093 con el objetivo de incluir en la Constitución el reconocimiento del derecho primordial a realizar protestas pacíficas.

Katy Ugarte pide que el derecho de protesta se incluya en la Contitución de manera explícita. Foto: Teitter/ @katy:ugarte

En medios de las críticas que recibe el Perú de las instituciones internacionales debido a las protestas que iniciaron en diciembre último tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y la juramentación de Dina Boluarte como presidenta, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema emitió un fallo que determina que la protesta ciudadana, especialmente cuando se lleva a cabo de forma violenta, carece de protección jurídica y es “un delito”. Además, recomienda a los ciudadanos manifestarse mediante huelgas de hambre.

“Si los ciudadanos estiman que no son suficientes sus reclamos o que, en todo caso, no existe recepción de parte de las autoridades, o que los espacios de diálogo son ineficaces o inexistentes, están autorizados a acrecentar la vehemencia de estos, siempre que ello repercuta en la esfera personal de derechos del protestante (verbigracia: huelga laboral o huelga de hambre) y no transgreda derechos fundamentales de terceros ajenos al conflicto social”, precisó el fallo.

Al respecto, la legisladora por Cusco presentó este proyecto con el objetivo que la propuesta legislativa asegure el reconocimiento expreso de este derecho en la Constitución Política del Perú, lo que contribuiría a fortalecer su ejercicio y su posibilidad de ser protegido legalmente.