Congreso: más despilfarro en otra comisión improductiva

Alejandro Muñante (Renovación Popular) forma parte del coro de políticos que tildan de ‘caviares’ a quienes viven del Estado. Pues bien: este congresista tuvo a su cargo una comisión investigadora que contrató, sin concurso público, a cuatro asesores con sueldos de entre 3.000 y 9.000 soles. El resultado es un informe que solo contiene ambigüedades. El gasto: más de 200.000 soles, únicamente en sueldos.

En mayo del 2022, el Pleno aprobó la nómina de miembros de esta comisión creada para establecer responsabilidades políticas, penales o administrativas por las muertes del paro agrario y de transportistas de marzo y abril del 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo.

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La presidencia de esta comisión recayó en Alejandro Muñante. Este congresista se hizo de cuatro asesores: Sergio Tapia Tapia (8.957 soles), Diana La Barrera (5.000 soles), Miguel Caccha Bustos (8.957 soles) y Kevin Vega Tinta (2.988 soles).

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Un primer documento objetivo para analizar el trabajo de esta comisión es el informe preliminar que presentó Alejandro Muñante, en noviembre del 2022, cuando solicitó al Pleno un plazo adicional.

Este informe consta de 84 páginas y la primera parte contiene definiciones sobre el derecho a la protesta y las responsabilidades políticas o penales.

Pero ocurre que todas estas definiciones han sido copiadas a lo largo de ocho páginas de otros documentos que obran en internet, como una relatoría de la CIDH, un paper de una universidad de Argentina o un manual del Congreso. La comisión de Muñante no aporta ni un solo párrafo.

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Por otro lado, con cuatro asesores, la comisión nunca tuvo al día el espacio que les asignaron en la web del Congreso. No subieron el plan de trabajo, ni las agendas de las sesiones, ni las actas ni el informe final.

Responsabilidades

Ahora bien, el principal objetivo de la comisión era establecer responsabilidades, pero el informe final, aprobado por la comisión en enero de este año, cae en ambigüedades.

El informe desliza que hay responsabilidad política y penal de los expresidentes del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Mirtha Vásquez por las muertes del paro del 2022.

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En lo penal, se les atribuye el supuesto delito de omisión o demora en actos funcionales (art. 377 del Código Penal). Esto, según la comisión, debido a que dichos funcionarios no atendieron a tiempo las demandas de los transportistas, razón por la cual hubo un paro con muertes.

El penalista Jorge Zúñiga cuestionó esta conclusión. “Tendría que haber el incumplimiento de un deber específico que lleve, como correlato directo, a la muerte de personas. Pero aquí vemos que no hay esa conexión lógica”, explicó.

Otro aspecto que se tendría que verificar, según explicó, es el dolo. Es decir, que haya habido la intención de los funcionarios de incumplir una función con la intención de generar las muertes. En su opinión, conclusiones de ese tipo no tendrán eco en una investigación fiscal.

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Por otro lado, como parte de su trabajo, la comisión entrevistó a los heridos y ofrecieron apoyarlos. Frayan Toribio, quien perdió un ojo, informó que los asesores luego se desentendieron. En tanto, Erwin Romero, quien también perdió un ojo, hasta la fecha no accedió a una prótesis por razones económicas. En cambio, sí hubo dinero para el despilfarro en asesores.

Informe de ambigüedades

Parte de las conclusiones de la comisión del congresista Alejandro Muñante: solo generalidades. Similar es el contenido en las conclusiones.