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Política

Lady Camones es elegida presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Censurada expresidenta del Congreso estará al frente de la subcomisión que verá denuncias contra Pedro Castillo y Dina Boluarte. Waldemar Cerrón y Noelia Herrera también integran la Mesa Directiva de la SAC.

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La congresista señaló que habían partes cortadas del audio en las que señalaba al líder de su partido que los proyectos de ley seguirían su curso normal. Foto: Antonio Melgarejo/ La República

La congresista de Alianza para el Progreso y censurada expresidenta del Parlamento, Lady Camones, fue elegida este jueves por la Comisión Permanente del Congreso como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo 2022-2023.

Acompañan a Camones Soriano los legisladores Waldemar Cerrón (vicepresidente) y Noelia Herrera (secretaria). La lista fue propuesta por el fujimorista Hernando Guerra García y recibió 26 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

No respaldaron la fórmula Paul Gutiérrez (Perú Libre), Álex Paredes (Bloque Magisterial) y Héctor Valer (Somos Perú), mientras que Susel Paredes (Integridad y Desarrollo) y José Balcázar (Perú Bicentenario) se abstuvieron.

Lady Camones relevará en el cargo de jefa de la subcomisión a su colega de bancada Rosio Torres, quien, según fuentes de La República, renunciaría a APP por no haber sido ratificada como presidenta de la SAC.

Denuncias contra Castillo y Boluarte

Ahora instalada la Mesa Directiva de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, las denuncias constitucionales contra el presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte podrán seguir siendo evaluadas por los congresistas integrantes del órgano de la Comisión Permanente.

En el caso de Castillo Terrones, el informe final ya fue remitido por el delegado de la denuncia, el acciopopulista Wilson Soto, y recomienda que el jefe de Estado sea inhabilitado del ejercicio de la función pública por el presunto delito de traición a la patria.

En tanto, se le acusa a Boluarte Zegarra de haber cometido infracción constitucional al suscribir documentos como presidenta del club departamental Apurímac cuando ya era ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta de la República.