Rohel Sánchez “Ellos (los congresistas) tendrán la legalidad, pero la legitimidad no la tienen”

El presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, Rohel Sánchez, advierte que el Parlamento no ayuda a resolver la crisis generada ni a destrabar las obras paralizadas que requieren los habitantes del interior del país. Cuestionó severamente la norma que plantea vacar a los gobernadores regionales por no darles información.

— ¿Se sienten afectados por las acciones del Congreso?

— Hay aspectos claros. La crisis generada a nivel de gobernanza, gobernabilidad y de la institucionalidad, que desde el Congreso no se ha solucionado y esto tiene para rato.

— ¿No facilitan su labor?

— Hacemos un llamado a los congresistas para que miren a las regiones, pero con normas y marco legal que permitan impulsar el desarrollo de las regiones; tenemos obras paralizadas en proceso de arbitraje, judicializadas. En esos casos, se necesita un marco legal que permita al titular del pliego destrabar esas obras y concluirlas.

— En el Ejecutivo y Legislativo culpan a los gobernadores regionales por no utilizar su presupuesto.

— Vemos los problemas en el norte, que le echan la culpa a un ministerio en relación con la crisis del dengue, cuando es un tema sectorial. De nada sirve declarar en emergencia si al final tenemos una ley de contrataciones que no ayuda en absoluto y, por otro lado, tampoco permite transparentar los actos, porque es una ley que propicia la inconducta funcional y la corrupción.

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— Están dando a entender que la descentralización no sirve, ¿es correcto?

— Si vemos el tema vinculado a las auténticas competencias de los tres niveles de Gobierno, Ejecutivo, Gobiernos regionales y locales, tampoco se ha avanzado en el proceso de descentralización y vemos que el Legislativo pretende dar una norma que ahora está en cuarto intermedio, que quiere acabar con la descentralización y poner e imponer una causal de vacancia a los gobernadores por el tema que si en forma renuente no presentan información, eso pondría punto final al proceso de descentralización y generaría una dependencia total de los gobernadores al Congreso.

— Han afectado al Ministerio Público, quieren tumbarse al JNE y, al parecer, luego siguen los gobernadores regionales.

— Definitivamente, no tenemos la menor duda. Por eso hacemos el llamado al Congreso. Ellos tendrán la legalidad, pero la legitimidad no la tienen y lo que quieren es golpear la labor de los Gobiernos regionales y agarrarse de una norma para tenerlos presionados o apelando a la única variable, que es la capacidad de gasto, cuando es totalmente fuera de contexto, pues los Gobiernos regionales tienen seis meses de gestión.

— ¿Se sienten amenazados?

— Nuestra posición como Gobiernos regionales es que nos han elegido para trabajar por el desarrollo de nuestro pueblo. Hay que trabajar en forma articulada los tres niveles de Gobierno, pero teniendo como eje central el desarrollo de la persona. No podemos dejar de lado la alianza estratégica que se tiene que dar con el sector privado y la sociedad civil. Ahí necesitamos fortalecer a las instituciones en el marco de la legalidad y ahí está fallando enormemente el Congreso.

— ¿Van a tomar alguna medida?, ¿se van a reunir?

— Tenemos una reunión el 30 de junio a nivel de consejo directivo y ha comprometido su presencia el ministro de Salud para abordar la emergencia por el dengue y la prevención del Fenómeno El Niño, además ver la necesidad de trabajar en el primer nivel donde se necesita la presencia el Estado.

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— Los quieren sacar por no ejecutar el presupuesto que tienen asignado.

— Una preocupación es el proyecto presentado por el Ejecutivo y se viene discutiendo en relación a la autoridad de inversión. Lo que están haciendo es mitigar la capacidad de desarrollo que se tiene en las regiones y generar más centralismo en la inversión pública. Eso tenemos que conversarlo, madurarlo, para que no genere ningún inconveniente. Somos muy cautelosos para ver los proyectos de ley que se están presentando en el Congreso y que afectan la descentralización, la regionalización, la institucionalidad y la gobernanza. La población ya no está para este tipo de conflictos ni cálculos políticos.

— El Gobierno dice que son responsables por la crisis del dengue.

— Lamentablemente, a nivel del Ejecutivo, la ministra que ya no está tuvo una mirada que no es completa. Legalmente, la norma dice que los responsables son los Gobiernos regionales, pero eso debe ir acompañado de los presupuestos y autonomía. En la realidad, la institución encargada de hacer las compras de medicinas, no está acorde. De qué autonomía hablamos. La norma dice que el sector Salud es el responsable. En todo caso, hay un compromiso compartido.

— Se viene una nueva movilización, en parte por justicia, y aún no hay responsables por las muertes en las protestas.

— Hemos sido muy claros. En la Asamblea de Gobiernos Regionales, condenamos la violencia, venga de donde venga, y exigimos que las instituciones hagan las investigaciones de las muertes y le corresponde actuar a la Fiscalía. Si demoran, no es justicia y eso va a afectar la gobernabilidad. Es un problema social que está latente. Deberíamos buscar una reconciliación, pero eso pasa por determinar a los responsables de las muertes.

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— Se viene la ‘Tercera toma de Lima’.

— La población tiene derecho a la protesta y el reclamo, pero respetando la propiedad pública y privada. Hay mucha frustración en las regiones que no han sido atendidas con la celeridad del caso. Hay gente debajo de los ministros que obstaculizan y no dejan pasar los proyectos. Eso lleva a que en muchos distritos no exista la presencia del Estado en educación y salud.

— ¿Comparte la sanción a Zoraida Ávalos?

— Vemos que es muy peligroso. Si se revisan los antecedentes, los fiscales anteriores fueron en la misma línea.