En el Acuerdo de Escazú tratan violencia contra líderes

En la segunda conferencia del Acuerdo de Escazú, realizada el 19 y el 21 de abril en Buenos Aires, Argentina, la defensora de derechos humanos y del ambiente de Perú, Agustina Mayana Pique, denunció las dificultades que se presentan en el país. “Todavía no ha ratificado el Acuerdo de Escazú y los derechos para los defensores no están aún garantizados. Estoy acá para que (los defensores) no seamos contados cuántos vamos muriendo asesinados”.

El último de los defensores ambientales indígenas asesinados en el Perú fue Santiago Contoricón Antúnez, líder asháninka de 58 años. Cinco disparos acabaron con su vida.

En Buenos Aires, en la segunda conferencia del Acuerdo de Escazú -tratado que aboga por la participación y acceso a la información y justicia en asuntos ambientales- dentro de los principales temas se trató: la protección de los defensores del ambiente poniendo en riesgo sus vidas, el acceso a la justicia y garantizar la participación de mujeres, jóvenes y comunidades indígenas.

Participaron las 15 naciones que han rectificado el acuerdo: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

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Los líderes indígenas relataron las dificultades de sus comunidades, siendo blancos de persecución policial y hostigamiento judicial. Agilio Semperi, representante del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) de la Amazonía, abogó por “una alerta temprana a los defensores (ambientales) para evitar los asesinatos”.

Elaine Shaijan Shawit, del pueblo awajún, relató los abusos que sufrió por alzar la voz. “Cuando los pueblos indígenas salen a reclamar su justo derecho por la contaminación de sus territorios, criminalizan a sus líderes. Fui denunciada por reclamar un derrame de hidrocarburos”.

“La protección de pueblos indígenas, defensores, mujeres, son los derechos que pronta y efectivamente debemos atender. Un grupo de trabajo, que va a sesionar en setiembre en Panamá, trabaja en un plan de acción”, dijo Andrés Nápoli, del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del tratado.

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“Es un órgano clave ya que brindará apoyo, recomendaciones y asistencia, y fomentará diálogos con los Estados parte y el público”, dijo Constance Nalegach Romero, representante de Chile.