A los noventa días de iniciado el ciclo de protestas sociales, desde la comunidad internacional, expertos de las Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación por las afectaciones a los derechos humanos en el Perú, principalmente por los fallecidos y heridos a causa de la represión militar y policial, como parte del estado de emergencia decretado por el régimen de Dina Boluarte.
“Las graves denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la incapacidad del Gobierno para crear un entorno propicio para el diálogo son motivo de gran preocupación”, expresan los especialistas, según un comunicado público.
Son quince los expertos que dejan constancia pública de su preocupación, entre ellos Clément Voule, relator de la ONU sobre el derecho de reunión pacífica, y Morris Tidball-Binz, relator en materia de ejecuciones extrajudiciales.
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La comunicación recoge el reporte de la Defensoría del Pueblo sobre 48 civiles fallecidos en enfrentamientos. A esto se suman ahora los seis militares muertos en Ilave (Puno) y el policía que pereció quemado.
Los expertos reiteraron la obligación que tiene el Estado peruano de realizar investigaciones exhaustivas sobre las violaciones a los derechos humanos durante las protestas.
Asimismo, hacen referencia al rol importante que desempeña la Defensoría en la recopilación de pruebas e instan a las autoridades a garantizar la independencia de esta institución.
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Otro punto abordado en el comunicado es la estigmatización que ejerce un sector de la clase política peruana, que pretende tildar de terroristas a los manifestantes.
Los expertos de la ONU, finalmente, piden a las autoridades peruanas “una solución política rápida” y el fin de la violencia y la represión en el contexto de las protestas.
Entre tanto, delegaciones de las regiones del sur ayer volvieron a salir a protestar en Lima, para exigir la renuncia de Dina Boluarte y la inmediata convocatoria a elecciones generales.
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También hubo protestas en regiones del sur. En Cusco, acataron paralizaciones las provincias de Anta, Espinar, Chumbivilcas y Canchis, según informó a esta redacción el dirigente Samuel Acero Hurtado, quien adelantó que en los siguientes días se sumarán Paucartambo y Urubamba (donde se encuentra el distrito de Machupicchu).
La Defensoría del Pueblo reportó ayer 26 puntos de bloqueos viales, en el contexto de las protestas sociales.
Por su parte, el Congreso de la República cuenta ya con un predictamen en la Comisión de Defensa para fortalecer el uso de las armas de fuego por parte del personal policial en situaciones de protestas.
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La asociación civil Transparencia exigió ayer la renuncia del ministro de Educación, Óscar Becerra, quien agredió a las mujeres aimaras al compararlas con “animales” por participar con sus hijos en las protestas sociales.
El comentario del ministro surgió a raíz de las imágenes en las que se ve a un policía disparando una bomba lacrimógena directamente a una mujer campesina que carga en la espalda a su hijo. Becerra pretendió responsabilizar de esto a la mujer y dijo: “Ni siquiera los animales exponen a sus hijos”.
“Las declaraciones del ministro de Educación solo expresan desprecio por sus conciudadanas (...) Su salida inmediata es el único camino”, expresó al respecto Transparencia.