Gabinete en la Sombra: ¿quiénes serían los miembros y cómo operaba la presunta organización criminal?

De acuerdo con la Fiscalía de la Nación, el mandatario Pedro Castillo lideraría una organización criminal denominada Asesores en la Sombra. La información detallada, que se hizo pública tras la orden de detención preliminar por 10 días de seis presuntos integrantes de este grupo, está reforzada con un organigrama.

Conoce aquí todos los pormenores sobre la reciente información brindada por la fiscalía. ¿Quiénes están en la lista?

Asesores en la Sombra: presuntos integrantes

Financistas

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• Segundo Alejandro Sánchez Sánchez
• Jenil Abel Cabrera Fernández
• José Nenil Medina (alcalde de Anguía y quien actualmente está bajo prisión preventiva)

Coordinadores

• Salatiel Marrufo
• Auner Vásquez
• Bruno Pacheco Castillo
• Pedro Castillo (sobrino del presidente)
• Fray Vásquez Castillo (sobrino del presidente)
• Gian Marco Castillo Gómez (sobrino del presidente)

Operadores

• Beder Camacho
• Biberto Castillo
• Eder Viton Burga
• Henry Shimabukuru
• David Pérez Curi

Asesores en la Sombra: modus operandi

Según indica la Corte Superior Nacional de Justicia, la presunta organización criminal tiene su origen después del 11 de abril de 2021, fecha en la cual se dieron los resultados preliminares de las elecciones generales para los cargos de presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes del Parlamento Andino.

La intervención de esta red criminal empezaría a dar rienda suelta, entonces, una vez que se oficializó la contienda entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Cinco etapas tejieron la operación:

• Primera etapa: financiamiento de la campaña electoral con activos de origen desconocido para obtener ganancias ilícitas.
• Segunda etapa: copamiento de las instituciones públicas para generar activos ilegales.
• Tercera etapa: actos colusorios en contrataciones públicas.
• Cuarta etapa: captación de fuentes de apoyo (congresistas).
• Quinta etapa: redes de protección, encubrimiento de investigados, difamación, desaparición de indicios e intimidación de entidades persecutoras del delito.

Asimismo, en el expediente oficial se sustenta que “la presunta organización criminal fue concebida aprovechando e instrumentalizando la estructura estatal del Poder Ejecutivo, pues muchos de los investigados son altos mandos”.