Cambios de mandos PNP serían para buscar salida del coronel Harvey Colchado

Según fuentes del despacho del ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, el cambio del comandante general de la Policía Nacional y otros altos mandos obedece a un proceso de renovación “normal” y descartó cualquier intencionalidad política.

El jefe del Estado, Pedro Castillo, y el ministro Willy Huerta depusieron el sábado al comandante general de la PNP, Luis Vera Llerena, y lo reemplazaron por el teniente general Raúl Alfaro Alvarado.

Alfaro era el tercero en la línea de mando, por lo que fue pasado al retiro el teniente general Raúl del Castillo, quien ejercía como jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional.

También designaron como inspector general de la PNP al teniente general Segundo Mejía Montenegro, y como jefe del Estado Mayor, al teniente general Vicente Álvarez Moreno.

El Ejecutivo pretende que estos relevos no son de particular importancia. El viceministro de Orden Interno, Abel Gamarra, incluso precisó que la renovación del jefe de la Inspectoría General no estaba relacionada con la investigación que se le sigue al coronel Colchado, por una denuncia interpuesta por el abogado del mandatario Castillo, Eduardo Pachas.

Sin embargo, los cambios estarían relacionados con el intento del Gobierno por tomar el control del equipo especial de coroneles que apoya a los Fiscales contra la Corrupción del Poder y desaforar al coordinador del mismo, el coronel PNP Harvey Colchado Huamaní.

Después de que el presidente Castillo expectoró al exministro del Interior Mariano González por haber designado al coronel Harvey Colchado como coordinador del Equipo Especial, el nuevo titular del Mininter, Willy Huerta, el 27 de julio de este año remitió un informe a la fiscal superior Marita Barreto para dejar sin efecto el nombramiento de Colchado. Justamente Barreto había sido la que pidió a Harvey Colchado para que estuviera al frente del equipo.

No lo quieren

En el documento, el ministro Huerta sostiene que la designación de Harvey Colchado debe revertirse.

“Se aprecia que el nombramiento de la coordinación general con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder ha recaído en el director de búsqueda de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), el mismo que es un órgano del sector Interior, extrainstitucional de la PNP, por lo que se recomienda que dicha coordinación debe recaer en un órgano propio de la Policía Nacional, especializada, como es la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac)”, señala el informe del teniente general Raúl Alfaro que citó el ministro Huerta.

Lo cierto es que el exministro González nombró coordinador al coronel Harvey Colchado a petición de la fiscal superior Marita Barreto, porque había trabajado con anterioridad con el oficial.

Por esta razón, cuando el ministro Willy Huerta se entrevistó con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en un nuevo intento de reemplazar a Harvey Colchado, la autoridad rechazó el pedido y ratificó al oficial.

También es llamativa la designación del teniente general Segundo Mejía Montenegro como inspector general de la PNP, bajo cuyo mando se encuentra el jefe de la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General, general Carlos Tucse Lloclla.

Justamente, es el general Carlos Tucse Lloclla quien debe resolver la denuncia interpuesta por el abogado del presidente, Eduardo Pachas, contra el coronel Harvey Colchado.

En la mira presidencial

Pachas alega que durante la operación de búsqueda de la cuñada del presidente, Yenifer Paredes Navarro, en las instalaciones de Palacio de Gobierno, el 9 de agosto, el coronel Harvey Colchado cometió presuntas irregularidades, como haber destruido un acta y haber ingresado en espacios a los que no estaba autorizado.

A solicitud del jefe del Estado, Eduardo Pachas no solo ha requerido que la Policía Nacional investigue y sancione a Harvey Colchado, sino también darle de baja por presunta mala conducta.

Fuentes vinculadas con el Equipo Especial señalaron que el presidente Castillo atribuye al coronel Colchado animadversión hacia su familia.

“Cuando lo que está haciendo (Colchado) es cumplir con las disposiciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder”, indicaron las fuentes.

El nombramiento de un nuevo inspector general de la PNP, poco después de que el abogado Eduardo Pachas interpuso la denuncia contra el coronel Harvey Pachas, podría interpretarse como la decisión del Gobierno de tener bajo control la investigación contra Colchado.

Al cierre de edición, oficialmente no se ha confirmado si el titular de la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General, el general Carlos Tucse Lloclla, continuará en el cargo. Su continuidad o relevo será una clara señal de las intenciones del Ejecutivo.

“El único objetivo de la denuncia contra el coronel Colchado ante la Inspectoría General es apartarlo de la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. Si le abren investigación, como primera medida podrían disponer de una separación temporal y asignarle un trabajo administrativo mientras dure la investigación”, señalaron las fuentes.

“En esas circunstancias, quienes promueven la denuncia podrían aprovechar para solicitar el pase al retiro del coronel Colchado. El mensaje que se le envía a los subordinados del coronel Colchado es evidente. Es una forma de intimidación”.

Al cierre de la presente edición, el coronel Harvey Colchado Huamaní todavía no había recibido una notificación de la Inspectoría. Luego tiene 30 días para responder.

“Cambios deben seguir el debido proceso”

”Exhortamos al Poder Ejecutivo a que los cambios o ajustes que realice en la PNP sigan el debido proceso y no sobrepasen el límite de sus debidas competencias, y que se ejecuten respetando la independencia y autonomía funcional de la PNP, de manera que puedan cumplir su finalidad constitucional de garantizar, mantener y restablecer el orden interno”, se pronunció la Defensoría del Pueblo sobre los recientes relevos.

La Defensoría también recordó que el Tribunal Constitucional resolvió que el Ejecutivo debe tener una motivación sustentada para los cambios, pero el Gobierno no ha explicado por qué los hizo.