
Un mes antes de la visita del pontífice León XIV a nuestro país para reencontrarse con sus seguidores, la Oficina de Control Institucional (OCI) del Ministerio de Relaciones Exteriores detectó anomalías en los términos de los contratos para habilitar los escenarios donde se programaron las actividades religiosas, como en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.
De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso La República, la OCI notificó con anticipación sobre las deficiencias encontradas, pero las autoridades correspondientes de la Cancillería pasaron por alto las advertencias e hicieron contrataciones directas -sin licitación de por medio- hasta por S/75 millones.
En el caso del evento en la Base Aérea Las Palmas, donde se registró la mayor concentración de fieles durante la visita papal, los equipos de sonido no funcionaron adecuadamente debido a problemas con los grupos electrógenos, impidiendo que buena parte de los asistentes oyeran el mensaje del papa León XIV.
La OCI del Ministerio de Relaciones Exteriores es órgano dependiente de la Contraloría General de la República.
El informe de control también reportó omisiones y deficiencias en las exigencias de seguridad para las estructuras que serían instaladas en las ciudades de: Chiclayo (Las Pampas de Pimentel), Pucallpa (Explanada del Complejo La Videnita), Lima (Base Aérea Las Palmas), Cusco (Plaza Mayor, Plaza Regocijo, Plaza San Francisco y Explanada de Saqsaywaman) y Cajamarca (Explanada de Santa Cruz de Succhabamba).
"Del contenido de los términos de referencia para la contratación del Servicio de Ambientación a cargo de la entidad (Ministerio de Relaciones Exteriores), no se solicitó ningún expediente técnico ni memoria de cálculo preliminar en la fase de calificación o evaluación de ofertas. Es decir, (Cancillería) adjudicará la buena pro sin conocer ni verificar si la propuesta técnica del postor es estructuralmente viable y segura", se lee en el informe de la Contraloría.
Los hallazgos de las deficiencias le fueron formalmente informados al canciller Carlos Espá por el mismo jefe de la OCI del Ministerio de Relaciones Exteriores, Marco Argandoña Dueñas.
Según los documentos consultados por La República, el órgano de control requirió al canciller Espá informar sobre las medidas adoptadas para corregir las contrataciones directas de su despacho.
"Solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a la situación adversa identificada en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva", se lee en el documento.
De acuerdo con los hallazgos de la Contraloría, los términos de referencia del contrato para el caso de la sede de Chiclayo presentaban carencias en las exigencias técnicas relacionadas con la ingeniería y capacidad de carga de la estructura principal (cobertura tipo arco), lo que suponía un riesgo para la vida de los fieles que acudieron a la ceremonia.
Es decir, Cancillería no exigió la presentación del documento técnico oficial que describa, justifique y respalde el diseño de la estructura propuesta durante la fase de selección del contratista.
Además, los planos de instalación se solicitaron recién para la fase de ejecución, después del otorgamiento de la buena pro, lo que impedía evaluar previamente determinados aspectos técnicos de la propuesta.
Ambas situaciones podrían haber generado dificultades durante la ejecución del servicio.
En Pucallpa pasó una situación similar. La Contraloría encontró que la memoria de cálculo estructural firmada por un ingeniero civil o estructural colegiado y habilitado, además de un plano de rigging (armazón) que indicara la ubicación, peso y capacidad máxima de cada punto de suspensión, serían entregados durante la ejecución contractual y no durante la presentación de la propuesta.
Adicionalmente, se descubrió que había inconsistencias en las especificaciones de los materiales que serían utilizados para el revestimiento de la membrana de cobertura con acabado artístico de la estructura principal donde se encontraría el papa León XIV.
Los términos de referencia contemplaban el uso de hojas de palma natural, previamente seleccionadas, secadas, fumigadas y tratadas con retardante de fuego.
Sin embargo, se encontró que no se establecía un estándar técnico para el tratamiento de la palma natural, pese a su exposición a las intensas precipitaciones de la zona. No se definía un procedimiento de sellado para evitar que el agua de lluvia se filtrara a través de la palma seca. Y no se exigía acreditar el tratamiento retardante de fuego, lo que generaba incertidumbre sobre la protección contra incendios.
En el caso de Lima, la Contraloría advirtió que los términos de referencia elaborados por la Cancillería para instalar estructuras temporales en la Base Aérea Las Palmas omitían consignar expresamente normas técnicas de seguridad relacionadas con cargas, diseño sismorresistente, suelos, cimentaciones y estructuras metálicas; exponiendo la vida de más de 1,2 millones de personas.
Se hallaron situaciones que podrían ocasionar el volcamiento de torres de iluminación, caída de pantallas LED y colapso de estructuras sobre el público.
El organismo de control también identificó la ausencia de parámetros explícitos sobre la velocidad del viento para instalaciones que alcanzarían entre 18 y 20 metros de altura, así como deficiencias en las exigencias sobre soldaduras.
Estas omisiones podían comprometer la estabilidad de las estructuras y generar riesgos de volcamiento, desprendimientos o colapsos durante los eventos oficiales por la visita del papa León XIV.
Al igual que en Lima, en Cusco y Cajamarca, la Contraloría detectó que la Cancillería contemplaba exigir los documentos para garantizar la seguridad de las estructuras, como memorias de cálculo estructural y planos de instalación, recién al inicio de la ejecución del contrato.
Hasta la fecha límite para enviar las disposiciones adoptadas para corregir las deficiencias encontradas por el órgano de control, la Cancillería no dio respuesta, según fuentes de la Contraloría.

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