Obras en 5 penales están paralizadas

El gobierno liderado por la presidenta Keiko Fujimori anunció la edificación de dos megacárceles en Huacho diseñadas con altos estándares de seguridad e inspirados en el modelo de El Salvador. Incluso, la jefa de Estado hizo la entrega formal al Ministerio de Justicia de terrenos para aproximadamente 2.600 hectáreas para la realización del proyecto.

Sin embargo, este despliegue de infraestructura contrasta con la realidad del sistema penitenciario, que enfrenta desafíos económicos y operacionales importantes en los centros ya existentes. Un ejemplo son los cinco penales en diferentes regiones del país cuya ejecución está paralizada por el incremento exagerado de los costos y el abandono en inversiones, entre otras razones.

Esos son los proyectos penitenciarios en Ica, Chincha, Arequipa, Pucallpa y Cajamarca. Hace años que los trabajos no concluyen, pese al considerable presupuesto destinado.

• Jeanette Alonzo, segunda regidora de Renovación Popular, podría convertirse en alcaldesa de Lima en lugar de López Aliaga
• Rafael López Aliaga no será alcalde de Lima: JNE aclara que otorgará credenciales de primer regidor a reelectos

Esto sucede en medio de una escalada criminal que en lo que va del año ha dejado 1.600 asesinatos, además de haber causado el cierre de negocios y un impacto en la economía que compromete cerca de S/20.000 millones.

PUEDES VER: Trasladan a seis reos de alta peligrosidad vinculados a 'La Confederación'

Actualmente el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) cuenta con 10.700 servidores en el territorio nacional: 7.052 pertenecen al área de seguridad, 1.930 a la administración y 1.719 al sector tratamiento.

Es decir, existe un agente de seguridad por cada 48 internos, según lo informó el propio presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Inpe, Abraham Lescano Salazar. Así lo dijo durante su presentación ante las Comisiones de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado.

Sesenta y nueve cárceles están encerrados alrededor de 107.172 presos, aunque la capacidad de albergue es de 41.764. La sobrepoblación en los penales alcanza el 157%, una cifra que configura una de las crisis más sensibles del sistema de seguridad.

Centros de corrupción

La Comisión Especial de Control Concurrente del anterior Congreso levantó información sobre graves irregularidades, millonarios incrementos de costos y abandono de la infraestructura destinada al encierro de sicarios y extorsionadores que hoy imponen el terror entre las familias peruanas.

El caso más alarmante es del penal de Ica, cuya inversión pasó de S/269.7 millones a S/877 millones, una obra congelada desde el 2020. Hay materiales deteriorados y estructuras corroídas por el abandono, recordó el excongresista José Luna Gálvez, quien presidió esa comisión.

Situaciones similares se registran en el penal de Chincha, cuyas obras de ampliación pasaron de costar S/53 millones a S/93 millones.Y, sin embargo, el proyecto no presenta un avance significativo en su ejecución.

Las labores de edificación en el centro penitenciario de Pucallpa se encuentran detenidas desde 2022. El valor inicial fue de más de S/102 millones. Hoy superaría los S/369 millones.

El problema no es el dinero sino la inacción de las autoridades de turno.

La misma situación se constató en el Complejo Penitenciario de Arequipa, que presenta un incremento de más de S/303 millones, pero no hay avances desde 2021.

Y en cuanto al penal de Cajamarca que desde el inicio de la construcción hace nueve años, apenas alcanza un avance físico del 27.1%.

El sistema penitenciario está saturado y la construcción de nuevos penales y cárceles es una necesidad que se presenta hace tiempo. En este aspecto no hay discusión. Pero lo razonable sería destrabar y concluir con los proyectos que están pendientes de ejecución, como se ha mencionado. No obstante, el Ejecutivo prefiere edificar nuevos reclusorios al estilo salvadoreño.

Ausencia de personal

Además, no se trata sólo de levantar penales. También se requiere de trabajadores especializados. El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Inpe, Ángel Llancari, informó que se registra un déficit de personal en los centros penitenciarios.

“Hay pabellones de reclusorios en donde una sola persona se encarga de hasta 400 internos”, señaló.

El dirigente advirtió que los servidores penitenciarios podrían ser los nuevos blancos de las organizaciones criminales que pululan en el interior de las cárceles.

Incluso algunos ya estarían siendo víctimas de extorsión, pues les han hecho saber la dirección de sus domicilios y datos sensibles de sus familiares.

El dirigente sindical afirmó  que los agentes penitenciarios sufren represalias por el cumplimiento de sus funciones. “Los reclusos se averiguan todo de los servidores penitenciarios, les hacen seguimiento, saben dónde viven, saben qué familias tienen, se averiguan todo, esa es su especialidad”, indicó.

PUEDES VER: Cesan al director y al subdirector del penal Ancón I tras hallazgo de 32 celulares

Ángel Llancari, quien también es psicólogo, admitió haber sido amenazado de muerte por parte de un interno, quien está sentenciado por homicidio y que estaba pidiendo la redención de su pena. Al haberlo desaprobado en el examen psicológico, el recluso le advirtió que acabaría con su vida.

Presos por terrorismo

La cifra oficial de internos en cárceles por el delito de terrorismo ronda los 150. El número exacto varía ligeramente mes a mes debido al cumplimiento de condenas, pero refleja una reducción drástica en comparación con las miles de recluidos durante las décadas de 1980 y 1990.

De acuerdo con el Poder Judicial, la exintegrante de la cúpula de Sendero Luminoso, Victoria Trujillo Agurto, cumple 35 años de prisión. Mientras que el ex abogado de Abimael Guzmán, Alfredo Crespo Bragayrac, tiene una condena de 16 años y 3 meses. Es la misma que recibieron Fernando Olórtegui Crispín, Atilio Cahuana Yuyali, Carlos Gamero Quispe, Olmer Apaca Vega y Zulma Peña Melgarejo, acusados del delito de terrorismo.

La población penal supera los 107.000 internos, lo que genera un hacinamiento crítico que sobrepasa el 150% de la capacidad del sistema de albergues. En este escenario, los presos por terrorismo representan menos del 0,15% de la población carcelaria total del país. Según el Inpe, para lo que resta del 2026, no existe un programa de excarcelación ni de amnistía para personas sentenciadas por terrorismo en el Perú.