
La diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, se pronunció sobre el proyecto de ley de amnistía para el expresidente Pedro Castillo, presentado por la bancada de Juntos por el Perú (JP). En declaraciones a la prensa el último 2 de noviembre, la parlamentaria cuestionó el proceso judicial que derivó en la condena de primera instancia contra Castillo por el delito de conspiración para rebelión.
"Yo creo que el señor Castillo ha sido procesado, la verdad, con serias deficiencias en su proceso judicial; ustedes lo vieron, cómo se cambió la acusación penal que inicialmente tuvo. Yo creo que nadie podría decir que ese ha sido un proceso judicial ejemplar", expresó cuando fue consultada por la propuesta.
Sin embargo, la legisladora evitó adelantar su postura sobre la iniciativa. Aseguró que, primero, la bancada de Ahora Nación debatirá en su interna el proyecto y, luego, anunciarán su decisión.
"Nosotros, como bancada, primero vamos a discutir, como siempre, y luego de eso tomaremos una decisión", dijo.
Actualmente, el expresidente Castillo cumple una condena —emitida en primera instancia— de 11 años por conspiración para rebelión por su intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. En un primer momento, se le acusó de rebelión; no obstante, la acusación se cambió por el delito de conspiración para rebelión. El exmandatario se encuentra en la espera de la evaluación de su apelación contra el fallo emitido.
El proyecto de ley 00719-2026-2031-CD fue presentado ante la Cámara de Diputados el pasado viernes 30 de octubre. La iniciativa plantea otorgar amnistía por los hechos relacionados con el mensaje a la Nación que dio Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, así como por las protestas registradas desde el 28 de julio de 2021 hasta el día previo a la entrada en vigor de la eventual norma. La medida contempla la extinción de la acción penal y de las penas, incluso en aquellos casos en los que exista una sentencia que aún no tenga carácter firme.
La propuesta fue impulsada por la bancada de Juntos por el Perú y tiene entre sus firmantes a su vocero, Ernesto Zunini. Además, cuenta con el respaldo de 13 diputados del Partido Cívico Obras y uno de Ahora Nación. Sus autores argumentan que el Estado mantiene una persecución penal con motivaciones políticas contra dos sectores: las personas involucradas en los hechos del 7 de diciembre de 2022 y los ciudadanos procesados por participar en las protestas.
Entre estos últimos mencionan principalmente a campesinos, indígenas, estudiantes, transportistas y dirigentes sociales del sur andino.

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