
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho presentó una denuncia disciplinaria contra el vocero de diputados de OBRAS, Víctor Piñán, por presuntamente difundir información falsa sobre la actual gestión de la comuna. Solicitan su suspensión del cargo y el descuento de haberes de hasta por 120 días de legislatura. El diputado, en diálogo con La República, negó haber difamado y aseguró que actúo siguiendo su función fiscalizadora atendiendo reclamos de vecinos
La denuncia fue interpuesta por el alcalde provisional de SJL, Víctor Zelada. Según señala, Piñán “utilizó su investidura y plataformas de difusión masiva (transmisiones en vivo en redes sociales)” para propagar cuestionamientos falsos contra la municipalidad y atribuirle, como parte de ello, presuntos delitos de corrupción de funcionarios e infracción a la neutralidad electoral.
En la denuncia y la ampliación de la misma, la Municipalidad señala tres hechos para sustentar su pedido.
El primero sucedió el último 16 de septiembre cuando “el diputado interceptó a un vehículo de fiscalización que ejecutaba el retiro forzoso de un panel electoral no autorizado en la Alameda Malecón Checa” y en una transmisión en vivo señaló que estaban “utilizando la camioneta del Estado para llevar paneles publicitarios del partido del señor Jesús Maldonado”, se lee en el documento.
Zelada precisó que el personal de fiscalización presente en ese momento explicó al diputado que no estaban colocando ninguna propagan electoral, sino retirándola y que, incluso, se trataba de propaganda colocada por terceros.
La comuna emitió un comunicado ese mismo día en sus redes sociales indicando que los videos institucionales muestran que el panel fue instalado por un vehículo particular ajeno a la municipalidad y que posteriormente fue personal municipal el que lo retiró legalmente. Por ello, exigieron que Piñán se rectifique.
En respuesta el diputados envió un oficio a Jesús Maldonado solicitando que se le envíe las pruebas documentarias que certifiquen que el personal municipal no colocó propaganda política. “La transparencia no puede limitarse a un comunicado de prensa. Los hechos deben demostrarse con documentos, videos, actas y responsables identificados”, se lee en el oficio en el que resaltó que todo ello se realiza acorde a su función de control político y fiscalización parlamentaria.
Después de ello, el 22 de septiembre, aconteció el segundo hecho señalado por la comuna. Según el oficio, el congresista se presentó en un predio descampado de Urb. Inca Manco Cápac y aseguró, en su transmisión en vivo en redes sociales, que Maldonado buscaba “sacar provecho” de ese espacio.
Al respecto, Zelada precisó que dicho predio es de dominio público y que se ejecutará un complejo recreativo - deportivo municipal para todos los vecinos. “El congresista jamás cursó oficio pidiendo información sobre la titularidad del inmueble; prefirió mentir y azuzar el conflicto vecinal en campaña”, indican.
Finalmente el tercer hecho, explica el alcalde provisional, se desarrolló el 23 de septiembre. Ese día, manifiesta, el congresista realizó una inspección a la obra de mantenimiento de la Av. Fernando Wiesse convocando al Órgano de Control Institucional (OCI). Con una cinta métrica midió el borde expuesto de la pista junto a la berma de tierra y aseguró que la obra no cumplía con las especificaciones técnicas.
Sobre esto, citando documentación de la obra, indicaron que sí se está cumpliendo con los requisitos. “El servicio contempla calzadas principales de 4 pulgadas de espesor y vías auxiliares de 2 pulgadas. El congresista midió una vía auxiliar y exigió públicamente los parámetros de la vía principal, falseando las condiciones del contrato. (…) El espesor no se determina con una huincha”, se lee en el oficio.
En los tres intervenciones, indican, el congresista no usó “el tiempo condicional ni formuló preguntas o dudas”. “En todos los casos afirmó el hecho ilícito como verdad consumada “utilizan recursos del Estado para su campaña”, “sacó provecho del terreno”, “no cumple el expediente”), se lee.
Por esto, señalan a Piñán de la vulneración a los principios de honradez, veracidad, responsabilidad y respeto al ordenamiento jurídico, utilizando la investidura congresal. Además resaltaron que “la prerrogativa de fiscalización no ampara la atribución dolosa de delitos sin verificación”.
En diálogo con La República, el diputado Piñán negó haber difamado y aseguró que todo ocurrió en el marco legal de su función fiscalizadora.
“Yo estoy haciendo una fiscalización a la institución, que es a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Ellos me enviaron un documento pidiendo que me rectifique, cosa que no hice porque yo estoy cumpliendo mi deber constitucional, que es el de fiscalizar y de hacer control político. Yo en ningún momento me refiero a él (Jesús Maldonado) personalmente”, declaró.
En ese sentido, expresó que la denuncia en la Comisión de Ética lo tiene “sin cuidado”, pues ya se ha asesorado con varios especialistas, quienes le han indicado que no ha cometido ningún delito o irregularidad. “Me tiene sin cuidado esta denuncia en la Comisión de Ética. Imagínense si a mí me me denuncian por difamación, por haber tratado de cumplir con mis funciones, podría pasarle eso a cualquier persona”, dijo.
Además, resaltó que él cuenta con inmunidad parlamentaria: “Primero se me tiene que levantar el fuero y además que me protegen porque yo no estoy haciendo absolutamente nada que vaya contra el marco constitucional”.

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