Keiko Fujimori viajó a El Salvador en medio de crisis de inseguridad

En medio de la crisis por inseguridad, Keiko Fujimori viajó a El Salvador para reunirse con su hómologo Nayib Bukele. La visita se extenderá hasta el 31 del mismo mes y tiene por objetivo abordar temas vinculados a “materia de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia organizada transnacional”, según informó el Estado.

La acompañan en su viaje los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; Interior, César Astudillo; Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y Salud, Luis Dyer. También la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales.

Gastos del viaje

La comitiva, integrada por siete personas, incluida la mandataria, representa un gasto de US$19.616,15 para el Estado. De ese monto, US$12.686,15 corresponden a pasajes y US$6.930 a viáticos, de acuerdo con la resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

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Asimismo, hay una delegación de avanzada, integrada únicamente por Héctor Eduardo Flores León, de la Secretaría de Actividades Protocolares, quien viajó del 27 y retorna el 31 de octubre.

Por esos cuatro días recibirá $1.260 de viáticos, mientras que su pasaje costó US$1.470,01. En total, el gasto por su desplazamiento asciende a US$2.730,01.

Ante la ausencia de Fujimori, el primer vicepresidente, Luis Galarreta, quedará a cargo del Ejecutivo del 28 al 31 de octubre y del 2 al 6 de noviembre. En tanto, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, asumirá temporalmente la Presidencia del Consejo de Ministros.

Violaciones a los DD.HH en El Salvador en nombre de la seguridad

Tras la salida de territorio nacional de Keiko Fujimori, el presidente del Senado, Miguel Galarreta, calificó de “acierto” la visita a El Salvador porque, según dijo, permitirá “rescatar las lecciones aprendidas respecto de un país que ha dado el ejemplo de cómo controlar, cómo abatir la delincuencia, la inseguridad”.

Sin embargo, las medidas impuestas en El Salvador han provocado graves afectaciones contra sus propios ciudadanos.

El último informe de Amnistía Internacional sobre la situación en dicho país concluye que “después de la instauración del régimen de excepción, más de 90.000 personas han sido detenidas, al menos 470 han muerto bajo custodia estatal y miles de familias continúan buscando respuestas sobre el paradero, la salud o la situación jurídica de sus seres queridos”.

Tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas, el régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022. Aunque se presentó como una medida temporal para combatirlas, continúa vigente mediante prórrogas sucesivas. La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga número 56 en octubre de 2026.

Se trata, señala Amnistía Internacional, de “un sistema permanente que promueve y justifica detenciones arbitrarias masivas, suspensión de garantías y graves violaciones de derechos humanos que podría constituir crímenes de lesa humanidad”.

Bukele ha reconocido errores

El 2022, Bukele admitió que "se puede esperar" un margen de error de un uno por ciento en las más de 8.500 detenciones que la Policía salvadoreña ha realizado desde la aprobación del régimen de excepción en el país.

De igual forma, en el 2024, declaró. “En nuestro caso, todos los arrestos fueron para poner fin al derramamiento de sangre que sufrimos durante décadas y por fin lo detuvimos. Ahora bien, ¿nuestra policía ha cometido errores? Por supuesto. Es un proceso en el que nuestro sistema judicial ha liberado a personas inocentes y seguirán liberando a todas las personas arrestadas erróneamente. Ya hemos liberado a 7,000 personas”.

A eso se le suma el último anuncio realizado por Nayib Bukele, en el que informó que están evaluando un programa de libertad anticipada y condicional para cerca de la mitad de los presos del país que presuntamente colaboraron con pandillas.

Al respecto, Abraham Ábrego, director legal de la reconocida organización humanitaria Cristosal, indicó que el mandatario “no habla de inocentes, sino de ‘colaboradores de pandillas’, para evitar nombrar a los inocentes que él mismo antes llamó ‘margen de error’ y que dijo, sin respaldo, que rondaban los ocho mil”.

Crisis de inseguridad continúa

Mientras tanto, el mismo día que Keiko Fujimori salió del país, el chofer de un bus de la empresa de transportes Santo Cristo de Pachacamilla (Etrascpsa) resultó herido durante un ataque armado perpetrado en plena ruta, en el distrito de Lurín (Lima).

El atentado contra el conductor ocurre menos de un mes después de otro ataque armado contra un bus de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla (Etrascpsa), conocida como la 10 E o Los Moraditos. El 7 de octubre, dos sujetos interceptaron una unidad en la avenida Las Palmas, en Pachacámac, y dispararon contra el vehículo cuando trasladaba a unos diez pasajeros. Los ocupantes se lanzaron al piso para protegerse y la Policía encontró 11 casquillos de bala en la escena. Ninguno resultó herido.