
El Ejecutivo busca imponer la narrativa de un rol determinante y de liderazgo para las Fuerzas Armadas en el control de la inseguridad y el orden interno. Sin embargo, este discurso choca con el pedido de facultades legislativas, enviado al Congreso de la República, donde la participación militar queda limitada a resguardar la parte externa de las cárceles y a brindar apoyo a la Policía Nacional.
En su mensaje a la Nación, Keiko Fujimori señaló la intención de otorgar un rol central a las instituciones armadas sobre la seguridad. “En estados de emergencia, las FFAA asumirán temporalmente el liderazgo en operaciones de seguridad y del control interno (…)”.
Esta postura la sostuvo también el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, quien el domingo pasado respaldó la propuesta realizada durante la campaña electoral.
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"La presidenta lo ha anunciado, está en el plan de gobierno en el cual yo he participado activamente, en donde queremos que las Fuerzas Armadas lideren este proceso. (….) Nuestra oferta de campaña desde el día 1, y está escrito en el plan de gobierno, es que la Fuerza Armada participe de manera directa en el control de la alta criminalidad en el país”, dijo para Latina.
Sin embargo, en el documento legislativo presentado al Parlamento no existe ningún apartado que contemple el liderazgo o la toma de control del orden interno por los militares.
Por el contrario, el texto limita la actuación de las Fuerzas Armadas únicamente a tareas operativas secundarias junto a la Policía Nacional, tal como lo señaló Luis Galarreta durante la presentación de la política general de Gobierno el pasado 20 de agosto.
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“Será una participación excepcional, delimitada y sujeta a reglas precisas. Las Fuerzas Armadas no reemplazan a la Policía ni a la autoridad penitenciaria (…)”.
En el pedido de facultades legislativas se lee que el accionar militar queda restringido a labores de vigilancia y asistencia.
"Regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa y apoyo operativo al personal de los establecimientos penitenciarios, conforme al marco constitucional vigente", se lee en el documento.
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Del mismo modo, el numeral 10 plantea "modificar el Decreto Legislativo N.º 1095 [...] a fin de fortalecer y optimizar el marco normativo para la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú frente amenazas que afecten el estado de derecho, seguridad ciudadana y orden interno, de conformidad con el marco constitucional vigente".
Asimismo, el documento también incluye en su numeral 11 la propuesta explícita para "establecer el marco legal que declare a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas".
En paralelo, el Ejecutivo pretende ampliar el accionar militar con el ingreso directo del personal castrense dentro de los penales.
Vinelli sostuvo que las normas actuales resultan insuficientes para controlar los delitos organizados dentro de las cárceles.
“Estamos pidiendo también para que la Fuerza Armada pueda entrar, por ejemplo, a los penales. (…) Nosotros queremos que las Fuerzas Armadas ingresen dentro de los penales. Por eso necesitamos una norma respecto a eso”, dijo el ministro de Desarrollo Agrario.
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El titular del Midragri precisó que la fiscalización abarcará tanto a los visitantes como al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
"Va a poder controlar a todas las personas que ingresen a los penales. No solamente hablamos de la visita, sino hablamos del personal que está en el interior del penal. (…) Eso se puede hacer con decreto supremo, no necesito cambiar una ley”.
Para justificar la intervención castrense en zonas urbanas sin la necesidad de modificar formalmente el marco constitucional, el Ejecutivo recurrió a catalogar a las bandas de crimen organizado, como "grupos hostiles".
Al asignarle este estatus a una organización criminal, el Estado habilita la capacidad de emplear a las FF. AA. para operaciones de neutralización en las calles. “(…) si yo empiezo a decir que tales bandas criminales son grupos hostiles, yo puedo rápidamente incorporar a las Fuerzas Armadas para poder trabajar en estos grupos hostiles”.
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Por su parte, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, argumentó la necesidad de aprobar los cambios normativos solicitados en el proyecto de ley enviando al Congreso.
“(…) Lo que nosotros estamos buscando en una de las medidas es ampliar el criterio que se utiliza para denominar a los grupos hostiles. Los grupos hostiles es la categoría que el ministerio necesita para que las Fuerzas Armadas puedan actuar contra ellos como si fuesen como objetivos militares”.
Frente al incremento del poder ofensivo de estas bandas delictivas, el ministro indicó la necesidad de equiparar la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden.
"Entonces [frente a] organizaciones criminales que utilizan armamento de guerra contra la población, necesitamos que el Estado esté en condiciones de responder con esa misma capacidad de fuego y para eso necesitamos catalogarlos como grupos hostiles”.
En esa línea, explicó el tipo de tácticas y capacidades castrenses que se pretenden aplicar en las ciudades mediante esta tipificación.
"(…) Eso es lo que estamos buscando para que las Fuerzas Armadas en el área urbana, dentro del orden interno, poder desplegar inteligencia militar, conducir operaciones especiales, operaciones más quirúrgicas a partir de la inteligencia operativa, identificarlos y actuar con fuerza militar contra ellos”.
En diálogo con La República, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, analizó las contradicciones del Ejecutivo y sostuvo que el discurso del “liderazgo de las Fuerzas Armadas” choca directamente con el marco legal e institucional del país.
Para el especialista, depositar la estrategia de seguridad en las instituciones militares demuestra una falta de planificación real.
“El Ejército no es garantía de nada, no es garantía de que tengas ahí un mejor control. El Ejército no controla penales, no tiene experiencia en eso. (…) No es precisamente un buen controlador”, señaló.
En cuanto a las funciones operativas reales que corresponden a las Fuerzas Armadas y su verdadero rol en el orden interno, el especialista precisó que las Fuerzas Armadas tienen un rol distinto.
“Las Fuerzas Armadas están en apoyo para hacer controles en las carreteras, para resguardar lugares importantes como aeropuertos, embajadas, estaciones hidroeléctricas. En fin, lugares importantes que hay que resguardar, para eso sirve la Fuerza Armada. Y eso es importantísimo porque libera a la policía de esa función. Pero no son la solución, es apoyo”.
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Bajo esa misma línea, Valdés advirtió sobre el peligro de generar falsas esperanzas en la ciudadanía mediante un discurso de militarización.
"Las Fuerzas Armadas son una unidad de apoyo, no una unidad que va a liderar la lucha contra el crimen. No han sido formadas para eso. Entonces yo creo que [...] se está creando una expectativa que no corresponde con su formación".
Respecto al diseño de la política contra la delincuencia, el exviceministro criticó que se sostenga la estrategia nacional sobre el rol de los militares en lugar de apostar por inteligencia y recursos especializados.
"Los planes que están diseñando están soportados en el rol de las Fuerzas Armadas. Es un error. Deberían estar soportados los planes en grupos integrados, en grupos de tarea, en inversión en tecnología (...)".
Al analizar la falta de metas claras y el impacto de esta desorganización frente al crimen organizado, el analista indicó que es notoria la improvisación del Gobierno.
"(…) No veo plan y no veo indicadores, eso nos da la sensación de que están improvisando [...]. La criminalidad se da cuenta que tiene un gobierno débil, improvisado".





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