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Política

Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

La iniciativa de la diputada Catherin Palomino modifica el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267 e incorpora una causal de pérdida de idoneidad que permitiría a la presidenta cesar al comandante general de la PNP antes de cumplir sus dos años en ese puesto.

Cabe recordar que Óscar Arriola ocupa la comandancia general de la PNP bajo una norma aprobada durante el gobierno de Pedro Castillo que lo mantiene en el cargo hasta setiembre de 2027.
Cabe recordar que Óscar Arriola ocupa la comandancia general de la PNP bajo una norma aprobada durante el gobierno de Pedro Castillo que lo mantiene en el cargo hasta setiembre de 2027. | Composición LR | Composición LR

La diputada Catherin Palomino de Juntos por el Perú presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267 y habilita a Keiko Fujimori a poder cesar antes de tiempo al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola.

La iniciativa modifica el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267 e incorpora una causal de pérdida de idoneidad que permitiría a la presidenta cesar al comandante general de la PNP antes de cumplir sus dos años en el cargo, actualmente protegido por la Ley 31570. El proyecto plantea cuatro supuestos objetivos: afectación grave de la eficacia operativa, incumplimiento reiterado de los planes de seguridad ciudadana, negligencia grave en el cargo y actos u omisiones que dañen la institucionalidad policial.

El PL se basa en las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), que en el 2025 cerró con 2.218 asesinatos en el país, por encima de los 2.083 de 2024 y los 1.511 de 2023, con un promedio de 6,07 homicidios diarios. Lima concentró la mayor cantidad de víctimas, seguida de La Libertad, Callao, Piura e Ica. Incluso el propio proyecto añade que, en los primeros 26 días del gobierno de Keiko Fujimori, se registraron 134 homicidios, la mayoría en Lima y Callao.

La propuesta no es la primera que busca modificar el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267. Según el texto, antes de esta, el excongresista Roberto Chiabra presentó en 2022 el PL 2763/2022-CR, aún pendiente de dictamen en la Comisión de Defensa, y la excongresista Susel Paredes registró en enero de 2026 el PL 13864/2025-CR con un enfoque similar. Además, el propio Ejecutivo, a través del ministro del Interior César Astudillo, había anunciado el 21 de agosto ante el Pleno del Congreso que prepararía una iniciativa propia para modificar la misma norma.

PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1267

Cuatro razones que podrían cesar a Arriola

El artículo 8 vigente, modificado por la Ley 31570 en 2022, solo permite cesar al comandante general de la PNP antes de sus dos años de mandato por seis causales taxativas: muerte, retiro voluntario, incapacidad física permanente, falta muy grave, sentencia firme por delito doloso o comisión de delito flagrante. El proyecto de Palomino añade una séptima causal, la pérdida sobreviniente y objetivamente acreditada de la idoneidad necesaria para el ejercicio del cargo, con cuatro supuestos específicos:

  • Grave afectación de la eficacia operativa, la capacidad de respuesta o la conducción estratégica de la PNP, acreditada con información objetiva y verificable.
  • Incumplimiento grave y reiterado de las políticas y planes nacionales de seguridad ciudadana, sustentado en un informe técnico del Ministerio del Interior.
  • Negligencia grave que afecte de forma sustancial la seguridad ciudadana, el orden interno o la capacidad operativa de la PNP.
  • Actos u omisiones en el ejercicio del cargo que dañen gravemente la institucionalidad, la disciplina o la legitimidad de la institución policial.

El proyecto exige que el motivo del cese se comunique personalmente al comandante general y se sustente por escrito.

Cabe recordar que Óscar Arriola ocupa la comandancia general de la PNP bajo una norma aprobada durante el gobierno de Pedro Castillo que lo mantiene en el cargo hasta setiembre de 2027. El propio ministro Astudillo admitió el 22 de agosto ante la Cámara de Diputados que el Ejecutivo carece de margen legal para relevarlo antes de que cumpla sus dos años en funciones, pese a las críticas por el manejo de la seguridad interna.

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