
La Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Río Pisqui (Fecoirp), base de la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau) expresaron su más firme rechazo ante el bombadeo aéreo registrado en el aeródromo de la comunidad nativa Charashmanan, infraestructura comunitaria que es esencial para la atención de emergencias y la evacuación de personas hacia Pucallpa.
Informaron al promediar las 2.00 p. m. del martes 11 de agosto se registró esta acción, mientras la población se encontraba desarrollando actividades cotidianas.
Explicaron que el aeródromo fue implementado por la propia comunidad mediante el esfuerzo y trabajo colectivo. Detallaron que la comunidad cuenta con un mini hospital, desde donde se brinda atención a la población, y cuando la gravedad de los casos lo requiere, se realizan evacuaciones aéreas hacia la ciudad de Pucallpa.
Por ello, cualquier acto que afecte o ponga en peligro esta infraestructura constituye una grave amenaza para la seguridad y la vida de toda la población, se quejaron.
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En ese sentido, señalaron, bombardear un aeródromo destinado a atender emergencias y salvar vidas pone directamente en riesgo a la población indígena.
Dejaron constancia que, desde hace varios años, vienen denunciando la presencia de cultivos ilegales y pistas de aterrizaje clandestinas en la Amazonía peruana.
“Esta lucha no ha sido ajena a nuestros pueblos, nuestras comunidades y sus líderes han enfrentado amenazas y han perdido valiosos dirigentes por defender sus territorios y contribuir a enfrentar estas actividades ilícitas”, señalaron en un pronunciamiento.
Y añadieron que “las organizaciones indígenas estamos dispuestas a colaborar con el Estado en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal, poniendo a disposición nuestra experiencia territorial, nuestras guardias indígenas y nuestras propias estrategias de protección”.
Sin embargo, manifestaron que “consideramos indispensable que cualquier operativo que pueda afectar nuestros territorios y comunidades sea previamente coordinado con nuestras organizaciones y que los pueblos indígenas seamos incorporados de manera efectiva en las políticas y estrategias de prevención y lucha contra estas actividades ilícitas”.
En ese sentido, exigieron a las autoridades investigar los hechos, determinar responsabilidades, para garantizar la seguridad de la población indígena.
“Defender nuestros territorios también significa exigir que nuestras comunidades puedan vivir en paz y contar con condiciones seguras para proteger la vida”, manifestaron los dirigentes de ambas organizaciones.
Fuentes del Ministerio del Interior revelaron que, de acuerdo con informes de inteligencia, habría evidencias de actividades ilegales y que en la zona del Río Pisqui habría mucha actividad de tráfico ilícito de drogas.





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