Trata de personas: 19.978 casos en los últimos seis años y medio

En los últimos seis años y medio el Ministerio Público registró 19 mil 978 denuncias por trata de personas en el país, la mayoría relacionadas con explotación sexual y trabajo forzoso.

El domingo último la policía capturó en San Martín de Porres a cuatro ciudadanos ecuatorianos, integrantes de la red criminal dedicada a extorsión, sicariato, secuestro, tráfico de armas y drogas y a la trata de personas.

A mediados de julio la Fiscalía Especializada de Delitos de Trata de Personas de La Libertad logró nueve meses de prisión preventiva contra Carlos Jair Grados Quezada, por el delito contra la dignidad humana en su modalidad de explotación sexual de niñas niños y adolescentes.

Diez casos cada día. Es el promedio de denuncias por trata de personas en Perú en los últimos seis meses. La información surge de un análisis realizado por el Ministerio Público que contabiliza un total de 1915 denuncias, de enero al 30 de junio.

Mientras que en todo el 2025 se reportaron 3.564 casos; en el 2024 hubo 3.770 y en el 2023 las cifras alcanzaron las 3.345 denuncias por ese delito. Asimismo, en el 2022 se denunciaron 2.767 hechos, en el 2021 hubo 2.804 y en el 2020, en plena pandemia por el COVID-19, se registraron 1.813 casos.

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El mapa de calor de la tasa de denuncias por nacionalidades destaca a los peruanos con mayores valores con 2305 casos de los 4258 investigados (3205 mujeres, 515 varones y 538 sin registro). De nuestros compatriotas, víctimas de trata, 1723 son mujeres, 238 varones y 344 aparecen sin registro.

“Muchas veces las personas llaman sin tener la información necesaria para denunciar los casos, como es el género de la posible víctima”, justificó una fiscal.

Lo siguen de Venezuela con 278 casos de los que 196 son mujeres; Bolivia con 30 denuncias, todas ellas de sexo femenino. También hay 21 denuncias de personas de Ecuador, 20 de Bangladesh, 14 de Colombia, cuatro de Argentina, uno de China, 6 de Paraguay, otros 31 y sin registro.

Este año, hasta el 30 de junio, de los 1.772 casos por nacionalidad registrados, 1372 son mujeres, 209 varones y 191 están sin registro. La mayoría son peruanos con 894 casos, le siguen personas de Venezuela con 53, de Bolivia con 13, de Colombia con 5 entre otros.

Las fronteras en Tumbes, Tacna y Puno son lugares de paso de muchos consumidores del mercado sexual como camioneros y viajantes, o turistas que buscan contratar esos servicios, y que también suele ocurrir tráfico de personas, debido a su cercanía con las fronteras. Son más utilizadas como lugares de captación, y luego las víctimas son trasladadas a Lima y a otras ciudades del país.

DIMENSIÓN DEL DELITO

Otras cifras que alarman son que entre enero de 2023 y junio de 2026, el Ministerio Público registró 7875 casos de trata de personas en el país, con un promedio de 188 casos mensuales y seis casos diarios, según su portal estadístico.

Sin embargo, estas cifras no reflejan la verdadera dimensión del delito, pues las diferencias entre registros oficiales y las limitaciones en los sistemas de información evidencian que muchas víctimas continúan invisibilizadas.

En ese contexto, CHS Alternativo expresó su preocupación ya que, durante el mensaje presidencial de inicio del nuevo mandato, la trata de personas no fue mencionada entre las prioridades de seguridad ciudadana, pese a constituir una de las manifestaciones más graves del crimen organizado en el país.

Si bien las medidas anunciadas para combatirn a las organizaciones criminales, el narcotráfico y la minería ilegal podrían contribuir a enfrentar este delito, la organización considera necesario incorporar acciones específicas orientadas a la prevención, la protección y atención integral de las víctimas, así como al fortalecimiento de la respuesta institucional.

"La trata de personas no puede quedar fuera de la política de seguridad ciudadana. Forma parte de las economías ilegales y del crimen organizado, por lo que enfrentarla exige una estrategia integral que combine inteligencia, tecnología, prevención, persecución del delito y protección de las víctimas", señaló Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.

TRABAJO FORZOSO

Valdés advirtió que el trabajo forzoso, una de las finalidades de la trata de personas, también comienza a generar desafíos para la competitividad del país. Recientemente, Estados Unidos dispuso un arancel del 12,5% para las exportaciones peruanas, entre ellas arándanos, espárragos, mandarinas y otros productos, como resultado de su evaluación sobre las normas que cada país aplica para impedir el ingreso de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.

En esa revisión, el Perú fue considerado entre los países que no cuentan con una regulación equivalente para restringir el ingreso de ese tipo de productos.

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"Este escenario demuestra que la trata de personas y el trabajo forzoso no solo afectan a las víctimas, sino también a la economía del país. En ese sentido, fortalecer la prevención, la fiscalización y la respuesta frente al trabajo forzoso no solo protege derechos humanos, sino que también contribuye a preservar la confianza en nuestras exportaciones y el acceso a mercados internacionales", afirmó.

ENTORNOS DIGITALES

Por otra parte, CHS Alternativo advirtió que las redes criminales han encontrado en los entornos digitales nuevas oportunidades para captar y explotar a niñas, niños y adolescentes.

El ciberpatrullaje realizado por la institución en 2024 identificó más de 700.000 menores de edad expuestos a riesgos sexuales en internet y detectó 1,6 millones de archivos vinculados con material de abuso sexual infantil.

En el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio, Valdés recordó que combatir este delito no significa únicamente capturar tratantes.

"También implica prevenir la captación, garantizar servicios adecuados para las víctimas y actuar sobre las condiciones que permiten que este delito continúe. Para ello se requiere mayor financiamiento, articulación entre instituciones y la implementación del Programa Presupuestal orientado a Resultados establecido por la Ley N.° 30925, pendiente desde hace seis años. Combatir la trata de personas no solo protege derechos humanos; también fortalece la seguridad, la institucionalidad y la competitividad del país", concluyó.