Claudia Cisneros rechaza denuncia de la Procuraduría en su contra: "No aceptaré que se criminalice mi actividad"

La periodista Claudia Cisneros rechazó públicamente la denuncia de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público presentada en su contra y afirmó que no permitirá que se criminalice su actividad periodística, política o ciudadana. A través de un comunicado difundido en redes sociales, aseguró que siempre ha actuado dentro del marco legal y en ejercicio de derechos amparados por la Constitución.

La comunicadora forma parte del grupo de ciudadanos denunciados por la Procuraduría debido a sus pronunciamientos relacionados con las movilizaciones convocadas tras la segunda vuelta electoral. Entre los señalados también figuran dirigentes políticos, activistas y otras personalidades que expresaron su respaldo a las protestas impulsadas por sectores vinculados a Juntos por el Perú.

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En su pronunciamiento, Cisneros sostuvo que expresar opiniones políticas, cuestionar a las autoridades, advertir sobre riesgos para la democracia o respaldar manifestaciones pacíficas no constituye un delito. Por el contrario, remarcó que se trata de derechos fundamentales reconocidos por la legislación peruana y los estándares internacionales de derechos humanos.

La periodista también manifestó su preocupación por el hecho de que una institución del Estado impulse acciones penales contra ciudadanos por sus opiniones.

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Claudia Cisneros acusa intento de intimidar a voces críticas

En el comunicado, Cisneros afirmó que la denuncia representa un intento de intimidación contra quienes mantienen posiciones críticas frente al poder. A su juicio, investigar a ciudadanos por expresar opiniones o respaldar acciones democráticas y pacíficas no responde a la defensa del orden público, sino a una práctica que busca restringir el disenso.

Asimismo, rechazó la interpretación realizada sobre sus declaraciones públicas. Explicó que sus comentarios formaron parte de análisis políticos sobre posibles escenarios frente a la crisis de confianza que atraviesa el país y que utilizó recursos retóricos para describir eventuales reacciones ciudadanas.

"Presentar ese tipo de opiniones o análisis como si constituyeran instrucciones, incitaciones o llamados a la violencia supone una interpretación forzada", señaló en el documento. También sostuvo que esa lectura desconoce el contexto de sus palabras y las garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión.