
A dos días de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, el Poder Judicial emitió una resolución que dispone el pase a juicio oral del candidato presidencial Roberto Sánchez por una investigación vinculada a los reportes financieros de Juntos por el Perú ante la ONPE. Sin embargo, la decisión aún no es definitiva debido a que fue apelada por la defensa.
La medida fue emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, que declaró concluida la etapa intermedia del proceso y consideró que la acusación fiscal debe pasar a una siguiente fase judicial. El caso está relacionado con presuntas irregularidades en la información financiera presentada por la organización política ante los organismos electorales.
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Según la investigación fiscal, una parte de los aportes económicos recibidos por el partido en 2019 no habría sido reportada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La acusación sostiene que más de S/204.000 habrían quedado fuera de los registros oficiales entregados por la agrupación.
La resolución judicial se conoce en la recta final de la campaña presidencial, cuando Sánchez disputa la segunda vuelta electoral. Sin embargo, el proceso penal continúa en trámite debido a que la defensa presentó un recurso de apelación contra la decisión del juzgado.
Con la apelación, una instancia superior deberá revisar la resolución antes de que el pase a juicio oral quede firme. Mientras tanto, el expediente seguirá su curso dentro del sistema judicial y permanecerá sujeto a evaluación.
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La Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima sostiene que los fondos presuntamente omitidos impidieron que la ONPE pudiera fiscalizar adecuadamente el origen y destino de los recursos económicos de la organización política. Por esa razón, la acusación se centra en el presunto ocultamiento de información que debía ser reportada de manera obligatoria.
Entre los elementos incluidos en la investigación figuran documentos bancarios, registros financieros y movimientos realizados durante los meses de enero y julio de 2019. La Fiscalía considera que estas operaciones constituyen una prueba relevante para acreditar que existieron aportes económicos que no fueron consignados en los informes oficiales.
El Ministerio Público sostiene además que la información presentada ante la autoridad electoral no reflejó la totalidad de los ingresos obtenidos por la agrupación. Por ello, atribuye a Sánchez responsabilidad en calidad de dirigente político y representante de la organización durante el periodo investigado.
Como parte de su acusación, la Fiscalía solicitó cinco años y cuatro meses de pena privativa de libertad efectiva contra Roberto Sánchez. El requerimiento fue presentado ante el Poder Judicial luego de concluir la etapa de investigación preparatoria y recopilar los elementos que sustentan el caso.
La acusación también incluye una solicitud de inhabilitación para ejercer la presidencia de una organización política o desempeñar cargos de representación. Según el Ministerio Público, esta medida responde a la gravedad de los hechos atribuidos al investigado y a las consecuencias que habrían tenido sobre los mecanismos de control electoral.
La defensa del candidato ha rechazado los cargos formulados por la Fiscalía. Durante las audiencias previas intentó obtener el archivo del proceso; sin embargo, el pedido fue rechazado por el juzgado encargado de evaluar la acusación.





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