José María Balcázar: estas son las razones por las que buscan censurarlo

El congresista Ilich López Ureña presentó una moción de censura contra José María Balcázar, actual presidente del Congreso y mandatario interino, en la que detalla las razones por las que buscan retirarlo del cargo. El documento sostiene que sus decisiones recientes evidencian falta de idoneidad política y afectan funciones clave del Estado.

La iniciativa se basa en la facultad de control político del Congreso. Para que la moción sea admitida a trámite, se requieren al menos 20 firmas de congresistas. Según el texto, la condición de presidente transitorio de la República no lo exime de responder ante el Parlamento. Por el contrario, precisa que mantiene su calidad de congresista y puede ser sometido a este tipo de medidas.

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Uno de los puntos centrales es la suspensión del contrato para adquirir aviones de combate F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea del Perú. La moción señala que este proceso ya se encontraba avanzado y que solo faltaba formalizar la firma del acuerdo.

El documento también cuestiona la forma en que se adoptó la decisión. Indica que no hubo comunicación previa con el Ministerio de Defensa ni con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, lo que generó sorpresa en las Fuerzas Armadas y en las empresas involucradas.

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Estos son los motivos de la censura contra José María Balcázar

La moción de censura sostiene que la suspensión de la compra de aeronaves afecta directamente la capacidad operativa del país. Advierte que la Fuerza Aérea del Perú trabaja con equipos que “han superado ampliamente su vida útil operativa”, lo que compromete el control del espacio aéreo y la defensa de las fronteras. El documento remarca que esta situación “compromete gravemente la capacidad del Estado peruano para ejercer el control soberano”.

En esa línea, el texto insiste en que la modernización de la flota no es opcional. Señala que se trata de una obligación constitucional vinculada al artículo 44, que establece como deber del Estado garantizar la soberanía nacional. Por ello, cuestiona que la decisión de José María Balcázar haya postergado una medida considerada prioritaria en materia de defensa.

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La iniciativa también detalla que el proceso de adquisición no era reciente ni improvisado. Precisa que se desarrolló durante más de un año y medio, con participación del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y el Comando Conjunto. En ese periodo se evaluaron propuestas de empresas como Lockheed Martin, Dassault Aviation y Saab, dentro de un proceso regulado por normativa específica.

Además, subraya que el propio Gobierno había reconocido avances concretos. Indica que se cumplieron “once etapas formales del proceso” y que este ya se encontraba técnicamente concluido. Incluso, añade que José María Balcázar había aprobado la transferencia de partidas presupuestales necesarias para la compra.

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Sobre la decisión de frenar la firma del contrato, la moción cuestiona el argumento del carácter transitorio del gobierno. Cita que el propio mandatario señaló que dejaría la decisión al siguiente Ejecutivo, pero responde que “la defensa nacional es una política de Estado permanente que trasciende los períodos gubernamentales”. En ese sentido, considera que no existe sustento constitucional para postergar la compra.

El documento también advierte consecuencias inmediatas. Explica que las ofertas técnicas y económicas tienen fecha de vencimiento. Por ello, alerta que la suspensión “pone en riesgo la vigencia de las condiciones negociadas durante más de año y medio” y podría obligar a reiniciar el proceso desde cero, con mayores costos.

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A esto se suma un problema interno en el Ejecutivo. La moción señala que la Presidencia anunció la suspensión sin coordinación con el sector Defensa. Incluso indica que el Ministerio de Defensa continuó con gestiones técnicas en paralelo, lo que evidencia “una descoordinación” y “falta de liderazgo” en la conducción del Estado.

El texto menciona efectos fuera del país. Señala que la decisión generó tensiones con Estados Unidos y recoge pronunciamientos de gremios empresariales. La Cámara de Comercio de Lima advirtió que la postergación “genera incertidumbre y debilita la imagen del país”, mientras que AmCham Perú recordó que el proceso respondía a un requerimiento institucional trabajado durante más de un año.