Negligencia de la ONPE en instalación de mesas afecta comicios electorales, afirman especialistas

Ante las protestas de los ciudadanos por la tardanza en la instalación de las mesas de sufragio en algunos centros de votación en Lima, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) atribuyó la responsabilidad a la empresa contratista Servicios Generales Galaga, encargada de la logística.

“Servicios Generales Galaga no cumplió con el compromiso de entregar de manera oportuna el material electoral, equipos informáticos e implementos para el simulacro y sufragio desde la Gerencia de Gestión Electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales”, informó la ONPE en un comunicado, entidad que debió verificar si el contratista cumplía con sus funciones.

Especialistas en materia electoral cuestionaron la explicación de la ONPE y señalaron que la responsabilidad final recae en el organismo que adjudicó los servicios Servicios Generales Galaga. Además, advirtieron que este tipo de fallas pone en riesgo la transparencia de las elecciones generales de 2026.

“Lo que ha sucedido ahora es una negligencia por parte de la ONPE y pone en riesgo el desarrollo de las elecciones. Estos escollos le restan legitimidad y transparencia a los comicios. Los personeros podrían colocar una observación en el acta y a partir de ahí solicitar la nulidad de las mesas por haberse instalado fuera de lo que indica la ley”, declaró a La República el abogado en derecho electoral, y presidente de la Asociación de Derecho Electoral y Constitucional, Roy Mendoza Navarro.

Si bien el Jurado Nacional de Elecciones dispuso la ampliación del horario de votación (de las 16.00 horas a las 18.00 horas), el especialista en temas electorales, Kevin Advíncula Medrano, consideró que esta medida contraviene disposiciones claras sobre la nulidad de mesas no instaladas hasta el mediodía. 

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En ese sentido, Advíncula advirtió que los candidatos podrían impugnar los resultados alegando la vulneración de la legalidad del proceso.

“De acuerdo con la ley electoral, las mesas que no se instalan hasta las 12:00 ya se deben declarar nulas, y precisamente, ese será el cuestionamiento que van a enfrentar los candidatos que pierdan en las elecciones”, arguyó el experto.

Advíncula explicó que la normativa establece como límite el mediodía para la instalación de mesas, salvo casos de fuerza mayor. 

“En este caso el tema es logístico, y eso va a ser una discusión en el pleno de los jurados, el tema logístico no está catalogado como fuerza mayor, sino es falta de diligencia y falta de planeamiento, falta de simulación que se debería haber hecho”, agregó.

Para Roy Mendoza, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, debería enfrentar denuncias por presunto incumplimiento de funciones, así como una eventual investigación por parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso y del Ministerio Público, en relación con el contrato suscrito con la empresa Servicios Generales Galaga.

“Definitivamente se tendrá que investigar en el futuro cuál ha sido la modalidad del contrato y a qué se debe que esta única empresa haya ganado la licitación, por que es evidente que no hubo un simulacro que normalmente se aplica en todos los países”, apuntó Mendoza.

“El material electoral debió llegar a los centros de votación un día antes de las elecciones, sobre todo en Lima. La entrega de los materiales de sufragio debió haberse previsto con mucha antelación. Debió haberse realizado los simulacros correspondientes, y sobre todo, el ONPE debió tener siempre contingencias, un plan A, un plan B, un plan C. Pero en este caso, como hemos visto, no las ha tenido, hay una negligencia grave que tendrá que investigarse”, finalizó.

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Además de las tardanzas, otro aspecto que genera cuestionamientos es que el contrato con la empresa Servicios Generales Galaga para la distribución de los materiales de sufragio, no figura en el portal de proveedores del Estado. 

Este hecho es calificado como una omisión grave por el consultor en contratación pública y exvocal del Tribunal de Contrataciones del Estado, Peter Palomino Figueroa.

“Todo contrato de licitaciones públicas tiene que publicarse y registrarse en el portal del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE). Tiene que ver con la transparencia sobre el uso de los fondos públicos. Aquí hay responsabilidad de los funcionarios que debieron registrar este contrato y no lo hicieron”, argumentó Peter Palomino.

“Hay razones para iniciar un proceso disciplinario o sancionador bajo el ámbito de la Contraloría. Tiene que intervenir la Contraloría, hacer un informe de fiscalización, determinar si hay alguna irregularidad y, en todo caso, si se encuentra responsabilidad administrativa funcional”, indicó.