Fiscalía archiva investigación contra Dina Boluarte por nombramiento del exministro Rómulo Mucho

Pese a que el exministro Rómulo Mucho enfrenta una denuncia constitucional por aceptación indebida de cargo, la Fiscalía de la Nación decidió archivar la investigación contra Dina Boluarte y Alberto Otárola por su nombramiento. La resolución desvincula la responsabilidad de la expresidenta en la designación, aun cuando el Ministerio Público ratifica que el ingreso de Mucho al gabinete fue ilegal.

El caso se centra en la designación de Mucho en febrero de 2024, pese a que este era titular del 63% de las acciones de la empresa PEVOEX Contratistas S.A.C. La normativa vigente prohíbe que ciudadanos con más del 1% de participación accionaria en empresas del sector asuman la titularidad de dicha cartera, con el fin de prevenir conflictos de intereses y garantizar la transparencia en la gestión pública. Sin embargo, en el caso de la exmandataria, la disposición fiscal señala que "no se ha podido determinar fehacientemente" que ella conociera la situación de Mucho con relación a sus acciones.

La fiscalía fundamenta su decisión en el "principio de confianza" y señala que la entonces presidenta basó su decisión en la declaración jurada entregada por el propio Mucho, en la cual este aseguraba no tener incompatibilidades para ejercer la función ministerial. Sin embargo, el documento fiscal admite que el exministro Mucho declaró ante las autoridades haber informado a Boluarte que era gerente de su empresa. Pese a esto, la Fiscalía rechazo este testimonio al considerar que no hay "pruebas objetivas" o registros de visitas que confirmen que la expresidenta fue advertida sobre el porcentaje de sus acciones, el cual superaba el 1% permitido por la ley para evitar conflictos de intereses.

Con este archivo, la responsabilidad penal recae exclusivamente sobre el exministro, y deja libre de responsabilidad política y administrativa a Dina Boluarte frente a la selección de sus ministros. En esa línea, Rómulo Mucho deberá responder ante el Congreso tras la contar con una denuncia constitucional por el presunto delito de aceptación indebida de cargo presentada por el Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía.