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Política

Puno: Detienen a 11 policías por extorsionar a contrabandistas

Jefes de unidades y suboficiales son investigados por 4 delitos: organización criminal, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, contrabando y receptación aduanera. También hay 12 civiles arrestados. Los policías habrían cobrado entre S/ 30 y S/ 300 para permitir el paso de camiones con contrabando.

Once policías son investigados por extorsionar a contrabandistas.
Once policías son investigados por extorsionar a contrabandistas.

Un operativo de inteligencia de dos meses permitió a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del distrito Judicial de Puno y a agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) arrestar a 11 policías que estaban a cargo de la lucha contra el crimen organizado.

Según fuentes del Ministerio Público, otros 12 civiles también fueron detenidos, pues estarían vinculados con el negocio de contrabando.

De acuerdo a la resolución judicial, que ordenó el allanamiento y detención, entre los policías aprehendidos se encontrarían jefes de unidad y suboficiales.

Las dependencias policiales allanadas y donde se logró la detención preliminar judicial son el Puesto de Auxilio Rápido Samán, la Unidad de Emergencia Juliaca, el Destacamento de Protección de Carreteras de Juliaca y Huancané, y las comisarías de Conima, Huancané, Taraco, Sanán, Pusi y San Miguel.

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Los efectivos son investigados por el delito de organización criminal, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, delito de contrabando, y delito de receptación aduanera.

Las extorsiones que se venían registrando desde el 2024 apunta que una cadena de mandos policiales que estaría favoreciendo al contrabando en la ciudad de Juliaca.

Según la tesis fiscal, principal cabecilla sería un comandante de la Policía a quien llaman ’El Tío’ o ‘el 2’. Se refieren a un oficial de apellido LLontop.

Las investigaciones a cargo del fiscal provincial Arturo Zirena Asencio, determinaron que los policías habrían cobrado entre S/ 30 y S/ 300 para permitir el paso de camiones con mercadería de contrabando desde la frontera con Bolivia hasta Juliaca, donde era comercializada como legal.

Las autoridades también allanaron locales comerciales en Juliaca, donde se incautó mercancía de contrabando y se detuvo a personas civiles por el presunto delito de contrabando agravado en agravio del Estado.

Según adelantó el Ministerio Público, la operación, que aún sigue abierta, suma ya 23 detenciones. Según estas fuentes, los investigadores detuvieron a los efectivos que están a cargo del área que, paradójicamente, debe controlar y evitar el contrabando

 La operación era muy delicada por la presunta implicancia de especialistas en la lucha contra el crimen organizado. Saben los métodos de investigación. Saben cómo detectar seguimientos. Saben cómo trabajan e investigan los agentes de la Diviac.

“Las investigaciones sobre investigadores son las más complicadas”, explicó un oficial de esa unidad.

Durante dos meses, efectivos de la Diviac y los fiscales especiales estuvieron estudiando el terreno, con una base de operaciones alejada de Juliaca para no ser detectados.

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“No era fácil. Las zonas de seguimiento y control eran reducidas y con escaso personal. La tecnología ha sido esencial para llevar a buen puerto las actuaciones”, afirmaron los investigadores.

Cusco: detienen a 7 funcionarios ediles

Entre tanto, otro escándalo sacude al distrito de Machupicchu (Cusco) donde personal de la Fiscalía y la Policía Anticorrupción intervinieron y detuvieron a siete funcionarios de la municipalidad distrital de Machupicchu, quienes fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas dentro de la propia institución pública, en pleno horario de funciones.

Tras la intervención, los implicados fueron trasladados a la ciudad del Cusco para continuar con las pesquisas correspondientes y esclarecer las responsabilidades en este bochornoso caso que pone en tela de juicio la conducta de servidores públicos que deberían estar al servicio de la población.

Este hecho ha causado profunda indignación, ya que mientras la ciudadanía exige trabajo, transparencia y compromiso, algunos funcionarios estarían utilizando las instalaciones del Estado para actividades totalmente indebidas.

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