JUSDEM rechaza la decisión de la JNJ de destituir a Delia Espinoza

Observamos con suma preocupación que, en este contexto crítico para la magistratura, la JNJ haya adoptado la decisión de no ratificar al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde y de destituir a la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, indicó la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM).

Resaltaron que ambos, "a diferencia de otros fiscales supremos que se mantienen en sus cargos, no se encuentran seriamente cuestionados por graves irregularidades".

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"Decisiones de esta naturaleza, no solo erosionan el principio de meritocracia, sino afectan la estabilidad y autonomía institucional, generando desconfianza ciudadana y menoscabo a la legitimidad de las autoridades", se lee en el comunicado.

La Asociación considera que no se trata de "hechos aislados y fortuitos, sino más bien, configuran un patrón sistemático de presión institucional".

"Busca debilitar la institucionalidad democrática, sojuzgando en su totalidad al sistema de administración de justicia para la conveniencia de intereses particulares en desmedro del bien común de la población peruana", agregaron.

Destitución de Delia Espinoza

La JNJ abrió un proceso disciplinario contra la exfiscal de la Nación en 2025 luego de que no acatara una resolución donde se ordenaba reponer en el cargo titular de la Fiscalía a Patricia Benavides. Espinoza fue acusada de cometer faltas graves y muy graves por presunta desobediencia a los mandatos del órgano de control.

Finalmente, el último 23 fue destituida como fiscal. La decisión fue adoptada por unanimidad, con los votos de César Galindo Sandoval, Germán Serkovic González y Víctor Chanduví Cornejo. A ellos se sumaron Jaime de la Puente Parodi y Gino Ríos, quienes respaldaron la medida mediante votos singulares.

La Junta argumentó que Espinoza no solo omitió ejecutar la orden que le correspondía acatar, sino que tampoco convocó a la Junta de Fiscales Supremos para facilitar el proceso de traspaso de funciones. La JNJ estimó que estas omisiones representaban un quebrantamiento de la normativa de la Ley de la Carrera Fiscal y de los deberes funcionales de la magistrada.