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Ruth Luque presenta denuncia constitucional contra Tomás Gálvez por desactivar equipos especiales

La congresista considera que fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez no tomó una "decisión técnica", sino que favoreció a los investigados por corrupción. Pide, además, que se inhabilitado de la función pública.

Luque Ibarra pide 10 años de inhabilitación contra Tomás Gálvez.
Luque Ibarra pide 10 años de inhabilitación contra Tomás Gálvez.

La congresista Ruth Luque presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la nación interino, Tomás Aladino Gálvez, por presuntamente haber desactivado de forma indebida los equipos especiales del Ministerio Público. La parlamentaria pide además que se le inhabilite por 10 años de la función pública.

Entre los fundamentos de la denuncia se señala que si bien el fiscal de la Nación tiene entre sus facultades designar equipos especiales y también la competencia para desactivarlos, en este caso no se habría acreditado que las circunstancias que motivaron su creación hayan desaparecido.

"Por el contrario, los equipos desactivados se encontraban con investigaciones en curso, varias de ellas en etapa de juicio oral o próximas a iniciarse, referidas a delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada y graves violaciones de derechos humanos, lo que evidencia que la complejidad que justificó su creación subsiste hasta ahora", se detalla.

Según alega la acusación presentada, Tomás Gálvez habría vulnerado el artículo 39 de la Constitución que señala que "todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación". Para Luque Ibarra, en su lugar se habría "contribuido a debilitar estructuras institucionales claves para la persecución de delitos graves".

Asimismo, también lo sindica de infringir los artículos 44, 103, inciso 3 del 139 y 159 de la Constitución. En el primer caso, específicamente, por presuntamente vulnerar derechos y no adoptar medidas eficaces para garantizar la justicia. Esto debido a que la eliminación de los equipos fiscales, según la denuncia, generaría un "escenario de menor protección de los derechos humanos y del debilitamiento de la seguridad y justicia".

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