En enero 2026 se elige nuevo fiscal de la Nación y se desactiva el Equipo Especial Lava Jato

El Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación concluyen un año turbulento y se enfrentan a un futuro incierto. El poder político quiere doblegar su independencia y controlar sus decisiones; una situación que se mantendrá el 2026. Lo que habrá que ver es cómo la institución y cada fiscal enfrentan este escenario y de qué manera repercute en las investigaciones con perfil político.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por seis meses —desde el 19 de septiembre de 2025 hasta el 19 de marzo de 2026— en un absurdo proceso disciplinario por un presunto desacato a una resolución que ella no podía cumplir. Pero, aun si esta medida disciplinaria quedara sin efecto —ya un juez constitucional lo intentó—, Espinoza no podrá regresar a la institución en un plazo breve, pues el Congreso le impuso dos inhabilitaciones por 10 años (hasta el 2035) para ejercer cargos públicos.

Esta situación genera que, desde septiembre, el Ministerio Público esté a cargo de un fiscal de la Nación interino, el fiscal supremo Tomás Gálvez. El interinato debería mantenerse hasta que la JNJ tome una decisión definitiva o hasta el 7 de noviembre de 2027, cuando concluye el mandato de tres años para el que fue elegida.

Legalmente, Delia Espinoza sigue siendo la fiscal de la Nación, pero se encuentra suspendida e inhabilitada. La antiquísima Ley Orgánica del Ministerio Público no prevé una sucesión en casos de sanciones provisionales, no definitivas.

La elección del nuevo fiscal de la Nación

La única salida a este impase es que la Junta de Fiscales Supremos deje sin efecto la elección de Espinoza como fiscal de la Nación. La decisión no es fácil para ninguno de los fiscales supremos y sentará un precedente que, en el futuro, podría generar inestabilidad. En anteriores crisis, como en el caso de Gonzalo Chávarry, la salida consistía en presionar la renuncia del fiscal de la Nación en ejercicio para elegir a un nuevo titular.

Hoy esto no es posible. Espinoza no puede renunciar a un cargo que ya no ejerce y, además, hacerlo sería convalidar una sanción que ella considera arbitraria e injusta. Ante esta situación, diversas Juntas de Fiscales Superiores y sindicatos han solicitado a los fiscales supremos que anulen la elección de Espinoza.

Los fiscales supremos discutieron el tema a principios de diciembre sin llegar a un acuerdo, y está previsto que retomen el diálogo a fines de enero próximo. El asunto no se puede aplazar demasiado tiempo. Un Ministerio Público sin fiscal de la Nación es inestable y demasiado vulnerable

De darse por concluida la elección de Espinoza, el fiscal supremo Tomás Gálvez tiene hoy la mayoría para ser elegido fiscal de la Nación titular. Sin embargo, en las últimas semanas, Luis Arce Córdova habría manifestado su interés por ocupar el cargo. Gálvez generaría resistencia en el sector aprista que controla la Junta Nacional de Justicia. El punto es que Arce Córdova aún es visto como juez, antes que como fiscal supremo. No conoce a la institución.

Hay límites

En tanto, desde la Junta presionan para sancionar al fiscal supremo Pablo Sánchez, con el fin de acelerar su salida del Ministerio Público. Una salida intempestiva de Sánchez afectaría la correlación de fuerzas al interior de la Junta de Fiscales Supremos de inmediato. De todas maneras sucederá, pero a partir de julio de 2026 cuando cumpla los 70 años y debe dejar el Ministerio Público por límite de edad.

En la celebración de Navidad en el Ministerio Público, Gálvez respaldó a Pablo Sánchez y a Zoraida Ávalos, pidiéndoles disculpas por los agravios pasados. Gálvez niega que esto tenga relación con la elección del nuevo fiscal de la Nación: “Si todos los días tenemos que coordinar y estar en contacto, lo mínimo es una disculpa para que desaparezca cualquier resentimiento, sin hipocresías y sin cálculos”, afirma el fiscal de la Nación interino. 

En el sistema judicial los detalles son importantes, más en medio de un acoso político por controlar al Ministerio Público. Sí Gálvez representa a uno de los sectores en pugna, ese mensaje va en dos direcciones. Pablo Sánchez es un personaje muy querido y respetado al interior de la institución desde su época de fiscal superior. Sánchez fue el coordinador de los fiscales que investigaron la red Fujimori-Montesinos. Se desempeñó como fiscal de la Nación y, luego, como fiscal supremo decano ha tenido que estar al frente de todas las crisis.

El maltrato que le ha dado la Junta de Fiscales Supremos no se olvidará fácilmente. No son los únicos que lo han maltratado. El Equipo Especial Lava Jato que él creo, tampoco respetó su autoridad. El sentimiento, al interior del Ministerio Público, es que muchos lo han utilizado para sus intereses personales y nadie lo apoyó cuando lo necesitó. Si hay algo de calculo en Tomás Gálvez, es que conoce el Ministerio Público.

El futuro de los equipos especiales

En tanto, entre el 5 y 6 de enero próximo se hará efectiva la disolución de los equipos especiales de los casos Lava Jato, Cuellos Blancos y otros. La decisión de disolverlos ya se tomó, como adelantó La República. Lo que estaba por definir era el destino de los despachos y expedientes.

De acuerdo con fuentes de La República, los despachos serán reubicados en los subsistemas especializados con todo su personal y expedientes. Se seguirá, en parte, lo resuelto por la suspendida fiscal de la Nación Delia Espinoza, cuando trasladó el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) al subsistema anticorrupción. Con la diferencia que ahora no serán Equipos Especiales, sino otra fiscalía especializada más.

Por lo cual, el caso de Lava Jato pasará al subsistema especializado en Lavado de Activos, cuyo coordinador actual es el fiscal superior provisional Germán Juárez Atoche, un ex integrante de dicho equipo ascendido por Gálvez. ¿Aceptará Rafael Vela Barba ponerse a disposición de un fiscal que hasta hace unas semanas era su subordinado?

Por otro lado, el caso Cuellos Blancos pasará al subsistema de Corrupción de Funcionarios, que tiene como coordinador al fiscal superior Omar Tello. Algunos fiscales se mantendrán en sus despachos, mientras que otros serán reubicados.

Los Equipos Especiales de Fiscales se idearon en los años 80. Están definidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público de 1981, pero no fue hasta el 2017 que se activaron. En los años 90, el régimen Fujimori-Montesinos prefirió a los fiscales ad hoc. El 2017, ante el caso Odebrecht, Pablo Sánchez consideró que los Equipos Especiales eran una buena alternativa. Pero, con el tiempo y al no existir un reglamento ni límites definidos, los Equipos Especiales se convirtieron en "mini Ministerios Públicos" con un poder que ni ellos, ni nadie, supo manejar. Esa fue su virtud y su debilidad.