Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

La Corte Suprema leerá el próximo lunes 24 de noviembre el fallo sobre la apelación presentada por Daniel Salaverry contra su condena de ocho años de prisión por mal uso de fondos públicos. La decisión podría ratificar, modificar o anular la pena impuesta al ex congresista.

Salaverry cumple desde marzo una serie de reglas de conducta mientras espera que la sentencia sea firme. Entre ellas, debe presentarse mensual­mente para pasar un control biométrico, no ausentarse de su residencia sin permiso y acudir a todas las citaciones judiciales o fiscales. Además, fue inhabilita­do por cinco años para ejercer cargos públicos y condenado a pagar una reparación civil de 119 577 soles. Esto debido a que fue hallado como culpable del delito de peculado doloso.

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El abogado de Salaverry sostiene que la acusación responde a intereses políticos contra su defendido, mientras que la Fiscalía afirma que hubo una apropiación ilegal de fondos destinados que iban destinados a su actividad parlamentaria.

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Acusación contra Daniel Salaverry

El ex legislador fue acusado por la Fiscalía de haberse apropiado indebidamente de más de 10 mil soles asignados por el Congreso para financiar sus semanas de representación entre 2017 y 2018. Según la acusación, estos fondos públicos estaban destinados a actividades en su región, La Libertad.

El Ministerio Público sostiene que, en al menos cuatro ocasiones específicas, noviembre y diciembre de 2017, además de enero y marzo de 2018, Salaverry no cumplió con la agenda de representación y, aun así, presentó informes para justificar el uso del dinero. Parte de esa documentación incluía fotografías y reportes presuntamente adulterados, lo que reforzó la tesis del peculado doloso.

Por esos hechos, el excongresista fue condenado en primera instancia a ocho años de prisión, una condena que incluye además cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil. Salaverry, por su parte, ha insistido en que la decisión responde a una persecución política y ha apelado la sentencia ante la Corte Suprema, cuyo fallo se conocerá el 24 de noviembre.

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