OCDE alerta que Perú no protege a fiscales anticorrupción frente al acoso e injerencias políticas

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) expresó su preocupación ante las injerencias políticas que podrían limitar el trabajo de los fiscales anticorrupción. En un oficio enviado a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, se hizo mención particular en los fiscales del equipo Lava Jato y las intimidaciones que puedan sufrir, como denuncias penales y procesos disciplinarios.

El documento sostiene que el Perú no viene acatando el artículo 5 de su convención, que exige garantizar el resguardo a los fiscales para investigar de forma independiente y libres de interferencia política. Kathleen Roussel, presidenta del Grupo de Trabajo Anticohecho de la OCDE, emplazó a la fiscal de la Nación a tomar medidas para proteger la labor fiscal frente a la expulsión injustificada, la suspensión u otras formas de acoso interno y externo.

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Asimismo, alertó que Roussel advierte que, pese a la visita de la misión de alto nivel en enero de 2025, continúan recibiendo reportes de fiscales anticorrupción que sufren acoso a través de "investigaciones y consultas cuestionables".

"Según el Artículo 5 de la Convención, Perú debe investigar y procesar seriamente los casos de corrupción. Esto, a su vez, exige que Perú garantice que los fiscales que llevan estos casos puedan actuar con independencia y estar libres de injerencia política. Perú no cumple con este requisito. En particular, los fiscales del Equipo Especial Lava Jato han enfrentado procesos penales y disciplinarios desde 2019 hasta la fecha. La gran cantidad de procesos o el riesgo potencial de que se inicien crea un efecto intimidatorio en la labor de los fiscales y amenaza su independencia", señala la carta.

La OCDE concluyó la misiva señalando que Perú deberá informar en diciembre de 2025 sobre las soluciones adoptadas para mitigar esta situación. De continuar los actos de interferencia contra la labor fiscal se consideraría tomar "medidas excepcionales".

"El Grupo de Trabajo invita a Perú a informar en diciembre de 2025 sobre las medidas adoptadas para abordar estas preocupaciones. De continuar la interferencia con los fiscales anticorrupción peruanos, el Grupo de Trabajo considerará las medidas excepcionales previstas en su procedimiento de evaluación, como declaraciones públicas, subgrupos de seguimiento y advertencias de debida diligencia. El Grupo de Trabajo también continuará monitoreando estos y otros aspectos de la implementación de la Convención por parte de Perú en su evaluación de la Fase 3, en diciembre de 2026". finalizaron.