Defensoría del Pueblo apoyó ley de amnistía que brinda impunidad a policias y militares sentenciados por delitos contra los DD.HH.

La Defensoría del Pueblo, el organismo autónomo constitucional encargado de velar por los derechos de los ciudadanos, ahora adopta una postura contraria al manifestarse a favor de una ley que otorga impunidad a policías y militares. Según pudo revisar La República en el dictamen de la reciente norma que concede amnistía a los oficiales de las fuerzas del orden involucrados durante la época del Conflicto Armado Interno, la Defensoría ha respaldado esta medida. El abogado Carlos Eduardo Fernández Millán, en representación de la institución y de Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, expresó comentarios favorables hacia la ley impulsada por la Comisión de Constitución durante su participación en la mesa técnica de la iniciativa.

"Desde la Defensoría del Pueblo saludamos esta iniciativa. En anteriores oportunidades, cuando se promulgaron leyes de amnistía justo después de finalizar la lucha contra el terrorismo, la institución se opuso. Sin embargo, ahora han pasado muchos años y consideramos necesario que esta situación se resuelva de una vez por todas. Por ello, estamos convencidos de que es fundamental adoptar medidas como esta propuesta presentada por el congresista Montoya, a quien también extendemos un cordial saludo de parte de la Defensoría y nos sumamos a los esfuerzos que viene realizando la comisión", se lee en el documento que recoge los argumentos del representante del organismo.

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Además, la Defensoría del Pueblo criticó la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial. En su exposición de motivos, el representante señaló que el sistema de justicia ha evidenciado demoras significativas para resolver los casos, situación que, según la Fiscalía, afecta a las personas que se encuentran bajo investigación.

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Ley de amnistía para policías y militares aprobada por el Congreso viola tratados internacionales del Perú

El Congreso aprobó de forma definitiva una ley de amnistía que exime de responsabilidad penal a policías, militares y miembros de comités de autodefensa involucrados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. Esto significa que delitos graves como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violaciones quedarían sin sanción, salvo para quienes estén procesados por terrorismo o corrupción.

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Uno de los expertos que más criticó esta nueva medida fue Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL). Para Rivera, esta nueva ley compromete a nuestro país ante instancias internacionales: "La consecuencia es que la Corte Interamericana puede emitir una nueva resolución declarando que el Perú ha desacatado las sentencias emitidas contra el Estado, especialmente las emitidas en los casos Barrios Altos y La Cantuta".

Efectivamente, en 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló las leyes de amnistía en el caso Barrios Altos y determinó que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados ni quedar impunes por prescripción, estableciendo una jurisprudencia que sigue siendo de cumplimiento obligatorio para el Estado peruano.