Familiares de asesinados en protestas viajarán a Lima a marchar contra Patricia Benavides

Patricia Benavides, no es ajena para los familiares de las víctimas que fueron asesinadas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en 2023.

Es la responsable del cambio de hasta cinco fiscales que investigan los asesinatos en Puno en manos de las Fuerzas Armadas generando retraso en varias diligencias importantes.

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Ahora que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) persiste en reincorporarla como Fiscal de la Nación, viajarán a Lima durante los días de festejo por Fiestas Patrias para protestar en su contra.

"Esta señora es culpable que no hayan ejecutado varias pericias. Por eso varios policías y militares están libres. Ahora que pretenden retornar después que fue destituida es una ofensa para quienes hemos perdido a nuestros seres queridos", dijo Raúl Samillán.

Samillán consideró que lo que está sucediendo en el país es preocupante, porque el gobierno está buscando tomar control de todos aparatos del Estado para asegurarse impunidad después del 26 de julio de 2026.

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"Ahora, desde el Congreso, archivaron cuatro denuncias constitucionales tres de las cuales están vinculadas a la muerte de nuestros seres queridos. No solo a las muertes en Puno sino a otras regiones. Una prueba que no les interesa la vida. Después nos quieren enseñar qué es democracia y que debemos obedecer las leyes”, cuestionó Samillan.

Recordó que el juez constitucional Andrés Fortunato Tapia Gonzales concluyó que Pedro Castillo fue vacado sin cumplir los votos necesarios y se le vulneró su derecho de defensa.

"Qué ironía. A Pedro Castillo nunca lo van a reponer. Sin embargo, a Patricia Benavides la quieren reponer a la mala. Quieren tener control del Ministerio Púbico. Quieren tener impunidad garantizada. Después hablan de Estado de derecho. Esa es la hipocresía de los gobernantes" dijo.

No será la primera vez que se movilicen contra quien ahora pretende dirigir nuevamente la Fiscalía de la Nación. A Benavides lo hicieron correr de Puno en marzo de 2023, cuando llegó para instalar la Fiscalía de Derechos Humanos. Tuvo que irse intempestivamente porque la población se movilizó en su contra.