Congreso aprobó al caballazo ley de impunidad para militares y policías y la restitución de la inmunidad parlamentaria

Casi a la medianoche de este último jueves y, sin mayor debate, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación la polémica ley de amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Marina y la Policía Nacional investigados o sentenciados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980–2000). La norma fue incorporada a la agenda del Pleno de forma exprés gracias a un acuerdo de Junta de Portavoces, y pasó de ser proyecto a dictamen aprobado en menos de tres días.

El principal impulsor de la norma fue el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien alegó que los procesos judiciales son “interminables” y que la ley busca poner fin a una supuesta persecución contra los efectivos.

Sin embargo, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) advirtió en sus redes sociales que la medida generará impunidad en casos graves como Cashahui, Manta y Vilca, Frontón, Putis, Accomarca, Cayara, entre otros, donde militares del Ejército, La Marina y PNP incurrieron en delitos graves. Luque manifestó que no se trata de reconciliación ni defensa institucional sino de "prácticas para evadir la justicia social".

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¿Qué dice la norma sobre esta ley de impunidad?

La norma permitiría archivar investigaciones, interrumpir procesos en curso y limitar la actuación de jueces y fiscales. En la práctica, eso significa dejar sin justicia a las víctimas de violaciones sexuales, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado. Muchas de esas víctimas fueron campesinas, quechuahablantes, y habitantes de las zonas más golpeadas por la violencia.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) también ha alzado la voz, advirtiendo que la ley revictimiza a más de 50 periodistas asesinados durante el periodo de violencia. Para la ANP, este tipo de legislaciones niega el derecho a la verdad y pone en riesgo la memoria democrática del país.

"La denominada ley de Amnistía, que revictimiza a los más de 50 periodistas asesinados durante el periodo de violencia 1980 – 2000, representa un grave retroceso en materia de Derechos Humanos que no hace más que perpetuar la impunidad de quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos. De lograr aprobarse en una segunda votación, en el pleno del Congreso, esta ley perjudicaría a casos emblemáticos de mártires del periodismo, incluso con sentencia, como los de Mártires de Uchuraccay, Jaime Ayala Sulca (Huanta 84), Hugo Bustíos, Melissa Alfaro, Pedro Yauri, entre otros", puntualizaron en su comunicado.

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La Coordinadora de Derechos Humanos ha advertido que esta ley contraviene los compromisos internacionales asumidos por el Perú. "Esta ley vulnera gravemente los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de derechos humanos y es un acto de impunidad, expresamente prohibido por el derecho internacional", explicaron.

Lejos de propiciar una “reconciliación nacional”, como argumentan sus promotores, la norma es vista por los colectivos de víctimas y la sociedad civil como un intento deliberado de encubrimiento legal. Una legislación que parece darse no por justicia, sino por conveniencia política y protección institucional.

Congreso aprobó el retorno de inmunidad parlamentaria

Asimismo, el Congreso aprobó el proyecto de ley que restaura la inmunidad parlamentaria para delitos comunes de los legisladores electos en el nuevo Congreso bicameral desde 2026. Bajo esta reforma, ningún congresista puede ser procesado ni detenido sin autorización del propio Parlamento dentro de un plazo máximo de 30 días, y aunque existe una excepción para delitos flagrantes, el Congreso tiene hasta 24 horas para decidir levantar el fuero y, si no lo hace, automáticamente se entiende autorizado el procesamiento

Sin embargo, en ese período pueden optar por no autorizar el levantamiento, lo que en la práctica significa que, incluso ante casos evidentes, su protección legal no está realmente garantizada.

Quienes apoyaron la medida —entre ellos sectores de Fuerza Popular, Perú Libre, APP y Somos Perú— argumentan que la inmunidad busca proteger a los legisladores de persecución política y garantizar condiciones para la deliberación parlamentaria, no instaurar impunidad. Pero expertos señalan que este blindaje adicional va más allá de lo previsto por la constitución (que ya requería autorización previa para enjuiciamientos por delitos en el ejercicio público) y podría convertirse en un incentivo perverso para que aspirantes al Congreso busquen refugio legal ante posibles acusaciones

Todavía falta que la propuesta sea aprobada en segunda votación en la próxima legislatura.

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