Amnistía Internacional: leyes aprobadas por el Congreso ponen al Perú en un "escenario de alto riesgo" para los DD.HH

El Congreso ha convertido al Perú en un escenario de alto riesgo para los derechos humanos, alerta el informe anual (2024-2025) de Amnistía Internacional. Las bases para esa afirmación se sustentan principalmente en la recién aprobada ley anti ONG y la ley de impunidad para casos de lesa humanidad.

Respecto a la ley que modifica la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), promulgada el último 14 de abril, la organización indicó que se trata de una norma que "atenta contra la libertad de expresión, la libertad de asociación y el acceso a la justicia de cientos de víctimas en Perú".

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Esto debido a que establece como falta muy grave accionar contra el Estado en las vías administrativas y judicial, lo cual impide que las asociaciones ejerzan la representación legal de las personas y comunidades víctimas de casos de violaciones de derechos humanos, actos de corrupción, entre otros.

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Referente a la Ley 32107, que establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos antes del 2002, advirtieron que va contra el derecho internacional, como la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, de 1968.

El Poder Judicial se abstuvo de aplicar esta ley en la menos tres casos, menciona el informe. Entre ellos se encuentra la sentencia contra dos altos mandos retirados de la Marina de Guerra del Perú por el asesinato de seis personas y la desaparición forzada de más de 50 en la provincia de Huanta, Ayacucho, en 1984, así como por la desaparición forzada del periodista Jaime Ayala durante el periodo de violencia política.

En ese sentido, Amnistía evidencio una norma similar impulsada por el Legislativo. Se trata del proyecto de ley que plantea la amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y funcionarios del Estado que no tienen una sentencia condenatoria por investigaciones de presuntos delitos cometido entre 1980 y 2000.

Sobre este aspecto, el documento precisó que en junio del 2024, el Poder Judicial impuso una condena histórica a 13 exmilitares por la violación sexual de 10 campesinas en los distritos de Manta y Vilca, en Huancavelica, en la década de 1980, durante el conflicto armado interno.

Investigación por los asesinatos de Inti y Bryan no registró avances significativos en el 2024, alerta Amnistía Internacional

Es en ese escenario que continúan las investigaciones penales por los 50 asesinatos ocurridos durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte a fines del 2022 e inicios del 2023.

De la misma forma, siguen las investigaciones de los homicidios de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas de noviembre de 2020 en Lima. Al igual que el caso anterior, estas "no experimentaron avances significativos en la vía judicial interna", sin embargo, la denuncia ante la CIDH sí ha avanzado y están a punto de emitir informe sobre el caso, anunció Amnistía Internacional.